Tegucigalpa, Honduras. – El sobreseimiento definitivo dictado a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II abrió un nuevo frente de cuestionamientos contra el sistema de justicia hondureño, esta vez desde el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
La directora ejecutiva de la organización, Gabriela Castellanos, afirmó que el retorno del exmandatario al país representaba una prueba para las instituciones encargadas de investigar, acusar y resolver casos de corrupción. A su criterio, el resultado no permitió recuperar la confianza ciudadana.
“Dijimos que el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández sería un examen para la justicia hondureña. Hoy ya conocemos el resultado”, expresó.
Castellanos dirigió sus principales señalamientos al Ministerio Público, al considerar que la institución no logró sostener adecuadamente el caso contra el exgobernante. Aunque reconoció la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), cuestionó que la Fiscalía no tuviera disponible a Fernando Suárez, identificado como un testigo relevante dentro de la investigación.
Suárez había sido condenado previamente en el caso Pandora I y, según Castellanos, pudo haber aportado información importante para esclarecer aspectos del proceso.
“¿Qué más tenía que decir? ¿Qué información podía aportar al proceso? Y sobre todo, ¿por qué no pudimos escucharlo?”, preguntó la directora del CNA.
Para Castellanos, el Ministerio Público debe explicar por qué una figura considerada clave dentro del expediente no compareció cuando fue requerida. Señaló que presentar un requerimiento fiscal no basta si después la institución no cuenta con todos los elementos necesarios para defender su acusación en los tribunales.
La abogada también extendió sus cuestionamientos al órgano jurisdiccional por las decisiones relacionadas con la admisión y valoración de los medios de prueba presentados durante el proceso.
El caso contra Hernández, acusado por los delitos de fraude y lavado de activos, concluyó con un sobreseimiento definitivo, luego de que el juez considerara que no se acreditó la trazabilidad del dinero supuestamente vinculado al financiamiento político.
Para el CNA, el desenlace vuelve a colocar bajo discusión la capacidad real del sistema judicial hondureño para procesar expedientes que involucran a figuras de alto poder político y casos de presunta corrupción de gran impacto público.
