Tegucigalpa, Honduras.— Recortar el presupuesto de la universidad pública no es solo una medida fiscal; es una definición de país. Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuestionó este domingo la reducción de 1,441.6 millones de lempiras al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), señalando que la medida trasciende lo financiero y responde a una decisión política que, a su juicio, compromete el desarrollo intelectual de la nación.
Castellanos afirmó que el recorte, que implica una disminución de la asignación constitucional del 6% al 3.8%, representa «un nuevo episodio de la política del subdesarrollo». Una expresión que busca interpelar a los legisladores sobre las consecuencias de largo plazo de priorizar el ajuste contable sobre la inversión en capital humano.
«Un Estado que limita la capacidad de su principal universidad afecta la formación de ciudadanos que cuestionen, investiguen y propongan», expresó la titular del CNA, al advertir que esta decisión impacta directamente en el acceso a la educación superior, especialmente para sectores vulnerables que encuentran en la universidad pública su principal vía de movilidad social.
La reducción presupuestaria, según Castellanos, compromete el funcionamiento de áreas clave como laboratorios, bibliotecas y programas académicos, afectando las oportunidades de miles de estudiantes. Pero el impacto no se limita a las aulas: la investigación científica también queda en riesgo, lo que, a su juicio, condena al país a depender de conocimiento externo y limita su capacidad para generar soluciones propias a los desafíos nacionales.
La funcionaria hizo un llamado al Congreso Nacional a revisar el presupuesto antes de su aprobación, advirtiendo que, de no hacerlo, la decisión evidenciaría una postura política más que técnica. «La eventual publicación del presupuesto en La Gaceta oficializaría un retroceso en la meritocracia y la consolidación de la mediocridad como política de Estado», señaló Castellanos, en una afirmación que busca poner sobre la mesa el debate sobre el modelo de país que se quiere construir.
Para los analistas en política educativa, las declaraciones de Castellanos representan un recordatorio de que el presupuesto no es solo un documento contable, sino un instrumento que define prioridades; para la comunidad universitaria, la expectativa es que el Legislativo considere el impacto social de la reducción antes de dar el visto bueno final.
Mientras el Congreso avanza en la discusión del Presupuesto General de la República y se acercan los plazos para su aprobación, el mensaje que queda en el aire es claro: la educación superior no es un gasto, es una inversión en el futuro del país. Porque al final, más allá de los millones de lempiras y los porcentajes constitucionales, lo que importa es que Honduras siga formando profesionales capaces de transformar su realidad, y que la universidad pública mantenga su rol como motor de conocimiento, crítica y propuesta para el desarrollo nacional.
