Tegucigalpa, Honduras. – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, denunció que la corrupción no es un incidente aislado sino una «arquitectura sostenida» en prácticas repetitivas, señalando que en Honduras cambian los gobiernos y los colores políticos pero los mecanismos de corrupción persisten mientras la impunidad opera como sistema de autoprotección.
«La impunidad opera como un sistema de autoprotección, donde la aplicación de la justicia suele verse condicionada por cálculos ajenos al interés público«, posteó Castellanos en su cuenta de X, refiriéndose al caso «Chequesol» en Sedesol que encaja con el patrón de desgaste institucional recurrente en la historia hondureña.
La directora del CNA sostuvo que pese al requerimiento fiscal del Ministerio Público y el activo discurso de depuración y rendición de cuentas, las medidas judiciales adoptadas contra los imputados permitieron que enfrenten el proceso en sus casas y no en una prisión, generando contraste con tratamiento dado a sectores vulnerables.
Castellanos expuso que en Honduras la figura de la cárcel ha sido utilizada como «condena anticipada» contra sectores vulnerables, mientras esta diferencia de trato a los imputados de Sedesol no pasa desapercibida para los hondureños que observan selectividad en aplicación de medidas cautelares según el poder político de los acusados.
«Cuando quienes han ejercido poder político pueden litigar por condiciones de mayor privilegio, la percepción pública tiende a interpretar el proceso como una administración del escándalo, más que como una respuesta efectiva frente a posibles hechos de corrupción», analizó la directora evidenciando brecha entre discurso oficial y práctica judicial.
Castellanos añadió que este escenario alimenta una sospecha recurrente en la historia reciente del país: la existencia de «arreglos tácitos» que permiten que las consecuencias penales sean negociables, señalando que el sistema ha mostrado capacidad persistente para amortiguar el impacto judicial sobre élites independientemente del partido al que pertenezcan.
La funcionaria apuntó que las medidas sustitutivas aplicadas de manera selectiva refuerzan la idea de que existen «dos varas» para medir el acceso a la justicia, admitiendo que hay percepción de que la justicia hondureña es más severa con quienes tienen menos poder al permitir que algunos gocen de arresto domiciliario mientras otros enfrentan prisión preventiva.
«Defenderse en libertad es un derecho reconocido por la ley, pero su uso reiterado en casos de alto impacto obliga a una reflexión institucional más amplia», cuestionó Castellanos reclamando que no se trata de anticipar culpabilidades sino de preguntarse qué revela este patrón sobre el funcionamiento real del sistema de justicia.
La directora aseveró que en Honduras la corrupción no solo se combate en los juzgados sino que también se reproduce o se frena en las señales que envía el sistema, advirtiendo que cuando esas señales transmiten «indulgencia selectiva», la impunidad se normaliza por la suma de prácticas institucionales que terminan protegiendo al poder.
«Y mientras el proceso sigue su curso, la ciudadanía permanece fuera: sin los fondos prometidos, sin respuestas claras y con la sensación de que, una vez más, la justicia avanza con lentitud cuando se acerca a quienes siempre han sabido moverse dentro del sistema», sentenció Castellanos resumiendo frustración ciudadana ante selectividad judicial.
