Tegucigalpa. – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía de turno del Ministerio Público por los supuestos delitos de abuso de autoridad y fraude, cometidos por el exdirector ejecutivo de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, en relación al proceso de adquisición de siete hospitales de aislamiento móviles y sus respectivas plantas de tratamiento de desechos.
Comunicado:
A partir de la veeduría realizada -de la cual se ordenó desde el Estado excluir al CNA-, se formalizaron los hechos que presumen delitos contra la administración pública, mismos que abarcan al representante legal de la empresa Elmed Medical Systems Inc., quien recibió más de 800 millones de lempiras por el jugoso negocio de la intermediación, incumpliendo, además, lo estipulado en el manifiesto entregado por el barco -a inexistencia de un contrato- pues proporcionó los dos primero cargamentos, que en vez de ser los hospitales móviles resultaron ser salas de triajes.
Es preciso establecer en la relación de hechos, que Invest-H el pasado 18 de marzo, pagó más de 392.7 millones de lempiras para adquirir dos hospitales móviles con capacidad de 91 camas; mientras que el 2 de abril desembolsó más de 779.5 millones por un hospital móvil con capacidad de 91 camas, cuatro hospitales con capacidad de 51 camas y siete plantas de tratamiento de desechos hospitalarios, para una remuneración del 100 por ciento, “de buena fe” que supera los 1,100 millones de lempiras, cuando el precio real de todo ese equipamiento es de apenas L 369.1 millones.
Todo lo anterior careció de la aprobación por parte del Consejo Directivo de la institución supuestamente estratégica para las operaciones oficiales, contraviniendo lo establecido en los artículos 15 y 16 de la ley de la Cuenta del Desafío del Milenio y los artículos 111 y 115 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que también se puede agregar que nunca existió una garantía respecto al cumplimiento y calidad del producto adquirido en ese momento, así como la ausencia de un contrato formal entre las parte.
Por si fuera poco, Invest-H nunca realizó una reclamación consecuente, puesto que las órdenes de compra señalan que la entrega tuvo que realizarse 55 días a partir de la transacción, no obstante, se registró un retraso por más de dos meses y medios a lo establecido, lo que ha provocado que en ese lapso hayan fallecido cientos de hondureños que necesitaban de esa asistencia.
De manera peligrosa, el exdirector de esa dependencia, abusó de su autoridad al omitir que Elmed Medical al momento de presentar su oferta, manifestó expresamente su incapacidad para establecer una fecha exacta de entrega, dejando como opción únicamente estimaciones, que por supuesto fueron incumplidas.
Otro importante hallazgo de parte del CNA estando in situ al momento del atraco de la embarcación proveniente desde Turquía, es que se entregaron dos facturas comerciales correspondientes a la compra de los módulos hospitalarios, observándose que el número correlativo estaba repetido, más grave aún, que la emisión de las mismas fue el 2 de julio y no cuando la adquisición fue cancelada desde el 18 de marzo del presente.
Invest-H, supuestamente experimentado en los procesos de adquisición, hizo caso omiso a esta irregularidad, confabulándose con la supuesta empresa intermediaria Elmed Medical, desatendiendo las normas tributarias internacionales. Sumado a ello, estas inconsistencias provocan que estas facturas no cumplan con los requerimientos exigidos por el artículo 323 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA).
De manera alarmante, el Consejo identificó en la documentación entregada por el naviero, que la empresa turca Vertisa Cevre Teknolojileri Ltd Sti., resultó ser la encargada de facturar los dos salas de triaje móviles, pero en vez de hacerlo al presunto intermediario, lo hizo a nombre de Invest-H, denotando una relación comercial directa y no como pretendieron engañar a la población con el argumento de la presencia del mediador, mismo que en ningún momento fungió como proveedora del Estado de Honduras.
Cabe destacar que para el CNA es preocupante que este tipo de delitos se basen en lo dispuesto al nuevo Código Penal (Decreto Legislativo núm. 130-2017), ya que esa ley disminuye las penas y o desaparece faltas, por lo que este blindaje a la corrupción no puede estar vigente en el estamento nacional y la Sala de lo Constitucional debe declara de inmediato su inconstitucionalidad.
Entretanto, los restantes y supuestos cinco hospitales continúan siendo una incógnita, ya que no se cuenta con evidencia fidedigna que demuestre que están en proceso de construcción, ni mucho menos existe la certeza de cuándo serán entregados y al carecer de una garantía que respalde al Estado de Honduras, esto se puede contemplar como un proceso de adquisición fracasado en dónde los responsables deben de enfrentar inmediatamente la justicia.
