Tegucigalpa, Honduras. – La coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, denunció este lunes que Honduras sigue en una «crisis institucional impulsada por el Congreso Nacional» mediante acciones «al margen de la ley», mientras se dirigía a una reunión con los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) donde el organismo anticorrupción participará como veedor en los escrutinios de actas con inconsistencias que iniciará el tribunal electoral este martes.
Castellanos señaló que existen «análisis justos» respecto a lo acontecido en el Congreso Nacional y posteriormente la sanción que hizo el Poder Ejecutivo, advirtiendo que todo se realizó al margen de la ley, incluyendo que «ni siquiera el quórum se cumplió» en la sesión legislativa que aprobó el decreto 58-2025 ordenando el recuento electoral.
La funcionaria lamentó que se estén tomando estas acciones al margen de la ley en un momento crítico para la institucionalidad democrática hondureña, cuando el CNE enfrenta ultimátum del Congreso para acatar el decreto y las Fuerzas Armadas mantienen custodia del material electoral resistiendo presiones para trasladarlo.
El pasado jueves una ilegal Comisión Permanente del Congreso Nacional y una minoría de diputados de Libre y afines aprobaron un decreto que ordenaba al CNE recontar miles de actas en los tres niveles, de lo contrario lo haría el Poder Legislativo, lo que representa un desconocimiento de la declaratoria electoral y la intromisión en asuntos que solo competen al máximo órgano electoral que según la ley es independiente y autónomo.
El decreto fue publicado en el diario oficial La Gaceta tras la sanción de la presidenta Castro, otorgándole carácter oficial a una norma aprobada sin la mayoría calificada de 86 votos requerida constitucionalmente para asuntos electorales, configurando lo que organismos internacionales han caracterizado como intento de autogolpe.
En el ente de justicia electoral, Castellanos se reunió con los magistrados del TJE para que el CNA actúe como veedor del proceso de escrutinio que realizarán a partir de este martes, en cumplimiento de sus funciones legales de resolver sobre las actas con inconsistencias trasladadas por el CNE tras el escrutinio oficial.
«El objetivo era saber cómo avanzan las autoridades en todo el proceso que están realizando para culminar con las solicitudes de apelaciones presentadas«, apuntó Castellanos, refiriéndose al trabajo del TJE que tiene plazo hasta el 20 de enero para emitir resolución inapelable sobre las actas cuestionadas.
La veeduría del CNA en los escrutinios del TJE adquiere particular relevancia considerando que el organismo anticorrupción denuncia públicamente que la crisis fue «impulsada» por acciones ilegales del Congreso y del Ejecutivo, posicionándose implícitamente a favor de respetar la institucionalidad electoral frente a las maniobras del oficialismo.
El TJE iniciará este martes el escrutinio de actas con inconsistencias en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, proceso completamente diferente y legítimo comparado con el recuento ordenado por el decreto legislativo cuestionado, ya que el tribunal electoral sí tiene facultades para revisar actas impugnadas durante el proceso oficial.
La participación del CNA como veedor sugiere que el organismo anticorrupción busca garantizar transparencia en el proceso del TJE para evitar que sea cuestionado o manipulado en medio de la crisis institucional, blindando la legitimidad de las resoluciones que emitirá el tribunal electoral antes del 20 de enero.
Castellanos enfatizó que «ni siquiera el quórum se cumplió» en el Congreso Nacional, confirmando las denuncias de la oposición sobre que el decreto fue aprobado por una minoría legislativa sin alcanzar los 86 votos necesarios, con más de 70 diputados impedidos de ingresar al hemiciclo según sus propias denuncias.
La denuncia del CNA sobre acciones «al margen de la ley» tanto del Congreso como del Ejecutivo se suma a pronunciamientos de juristas como Juan Carlos Barrientos quien advirtió que constituyen delitos de traición a la patria, y de la presidenta del CNE Ana Paola Hall quien denunció «sabotaje sin precedentes» y «embestida violenta del oficialismo».
El escrutinio que realizará el TJE a partir de mañana corresponde exclusivamente a las actas con inconsistencias detectadas durante el escrutinio oficial del CNE, no al recuento total de las 19,167 urnas que ordenó el decreto legislativo cuestionado, manteniendo la distinción entre procesos legítimos institucionales y maniobras de usurpación de funciones.
La reunión de Castellanos con los magistrados del TJE ocurre mientras el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, convocó para este martes a las 2:00 p.m. una sesión de emergencia de los 35 diputados electos del partido oficialista en la sede partidaria, posiblemente para evaluar estrategias ante la resistencia institucional del CNE y de las Fuerzas Armadas.
El CNA como veedor del TJE garantizará que el tribunal electoral cumpla sus funciones conforme a ley en un contexto donde múltiples actores intentan manipular procesos electorales, distinguiendo entre el trabajo legítimo del TJE resolviendo apelaciones y el recuento ilegal ordenado por el decreto del Congreso sin quórum constitucional.
La veeduría anticorrupción en los escrutinios del TJE envía señal de que organismos de control ciudadano respaldan la institucionalidad electoral frente a intentos de desconocer la declaratoria del CNE, sumándose así a la presión de Estados Unidos, Reino Unido, OEA y ocho países latinoamericanos que han rechazado el decreto y exigido respeto a los resultados certificados.
