Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este lunes dos casos de corrupción que involucran a la administración pasada y la actual.
El organismo de sociedad civil presentó el informe denominado “Entre el despilfarro y una falsa percepción de seguridad”, asimismo otro relacionado a la OABI denominado: “El absoluto silencio”.
En su primera presentación, el CNA hizo mención sobre el derroche de más de 307 millones de lempiras en el manejo de los fondos de la “Tasa de Seguridad” en el que estarían implicados varios exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández.
De esa forma el CNA presentó ante el Ministerio Público una denuncia por violación a los deberes contra ocho exfuncionarios de la pasada administración que integraban el consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Al mismo tiempo se interpuso la denuncia ante el ente acusador del Estado por malversación de caudales públicos contra cinco integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad (CTF).
“Se denunció ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a los directivos del CTF por el mal manejo de los fondos de la Tasa de Seguridad”, señala un comunicado del CNA.
En consecuencia, el CNA comprobó que el CTF autorizó al Banco Central de Honduras (BCH) la erogación injustificada de 307 millones 662 mil 162.04 lempiras.
La investigación revela que el Consejo de Defensa solicitaba proyectos a favor de los entes contralores y de seguridad del Estado. No obstante, se indicó, los fondos en la práctica eran malgastados en alquiler de vehículos blindados y helicópteros, entre otros gastos “innecesarios”.
Ocho exfuncionarios que integraban el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) fueron acusados de violación de los deberes de los funcionarios: Juan Orlando Hernández (expresidente), Mauricio Oliva (extitular del Congreso Nacional), Jorge Rivera Avilés (extitular de la CSJ), Julián Pacheco (exministro de Seguridad), Óscar Chinchilla (actual Fiscal General), Arturo Corrales (excanciller), Samuel Reyes (exministro de Defensa) y Carlos Roberto Aldana Zelaya.
Asimismo, fueron acusados exintegrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad por el delito de malversación de caudales públicos: Juan Ramón Molina, Lourdes Alejandra Hernández Quan, Carlos Sánchez, Reinaldo Sánchez (diputado de CN) y Rosa Adelina Pavón.
Igualmente, estos exintegrantes del Comité Técnico del Fideicomiso también fueron denunciados ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por el mal manejo de fondos de la Tasa de Seguridad.
El informe fue denominado “Entre el despilfarro y la falsa percepción de Seguridad” que establece el perjuicio de 307 millones 662 mil 162.04 lempiras por el mal uso de los fondos de la Tasa de Seguridad.
El CNA afirmó que analizó las 15 resoluciones emitidas por la CNDS del 2013 al 2018 por diferentes proyectos, pero que fueron usados para diferentes usos personales.
Entre los proyectos era beneficiar a la Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas de Honduras, la extinta Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (DNII), Fuerza Aérea Hondureña (FAH) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El organismo reveló que se gastó 11 millones 292 mil 065.20 lempiras para compra de vuelos chárter para transporte del CNDS en lugar de la implementación de la segunda etapa del proyecto de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) que consistía en equipos antimotines, comunicaciones, vehículos, sanidad y otros.
Otros de los resultados que mostró la investigación del CNA fueron gastos de viáticos internacionales por un monto de 119 mil lempiras de una integrante del Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad para cursar una maestría en Taiwán.
Para la creación del Séptimo Batallón de Infantería de la FFAA en los departamentos de Copán, Intibucá y Lempira; se desviaron ocho millones 135 mil 157 lempiras para la Guardia de Honor de Casa Presidencial.
Asimismo, se denunció el gasto de cinco millones 064 mil 223.56 lempiras para el alquiler y blindaje de vehículos.
Otros de los gastos que se realizaron con fondos de la Tasa de Seguridad fueron la compra de unidades de lujo, pago de beneficios salariales, transporte aéreo, alimentación y logística.
En otro informe, se reveló que se presentó una denuncia por violación a los deberes de los funcionarios, contra el actual director de la OABI, Jorge González, al devolver un bien inmueble incautado que había sido cedido a la Cruz Roja, al exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri y a su esposa Francis María Quesada.
