Tegucigalpa, Honduras. – El escándalo de las transferencias de Casa Presidencial a diputados del Congreso Nacional tiene ahora un nuevo actor institucional en escena: el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) emitió este viernes un pronunciamiento público en el que rechaza de manera categórica la práctica, anuncia que iniciará acciones de investigación sobre el caso y exige la divulgación completa de toda la información relacionada con la asignación, distribución y ejecución de esos fondos.
El organismo de sociedad civil fue directo en su diagnóstico: permitir que diputados gestionen o dispongan de recursos públicos sin controles efectivos constituye una práctica peligrosa de corrupción que el CNA ha advertido en distintas ocasiones. «Esta medida, lejos de resolver los problemas de la población, abre la puerta al clientelismo político, instrumentalizando la pobreza y utilizando como escudo las necesidades de los hondureños», señaló el organismo, en una frase que apunta al argumento que el jefe de bancada liberal Jorge Cálix usó para justificar las transferencias: la atención de necesidades de sus representados.
La referencia al caso Sedesol no fue accidental. El CNA recordó que existen antecedentes recientes que han evidenciado las consecuencias negativas de este tipo de mecanismos, en una alusión directa al escándalo del presunto desvío de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social que actualmente se investiga bajo el nombre de caso Chequesol. «Es inadmisible que la clase política continúe recurriendo a estos mecanismos pese al rechazo ciudadano», sentenció el organismo.
Uno de los puntos más incómodos del pronunciamiento apunta directamente al Poder Ejecutivo y a la contradicción que evidencia su comportamiento: el Gobierno del presidente Nasry Asfura ha construido parte de su narrativa sobre la racionalización del gasto público, rescindiendo contratos de empleados, reorganizando planillas y exigiendo austeridad.
Pero esa narrativa «pierde credibilidad», advirtió el CNA, si al mismo tiempo se mantienen prácticas discrecionales en el uso de los recursos del Estado que fluyen hacia el Legislativo sin transparencia ni controles claros.
La dimensión institucional del problema también fue señalada con precisión: cuando las denominadas subvenciones, subsidios o ayudas sociales dependen de acuerdos poco claros entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no solo generan conflictos éticos evidentes sino que debilitan el principio de separación de poderes y distorsionan la naturaleza misma de la función legislativa, convirtiendo a los diputados en gestores de recursos del Ejecutivo en lugar de fiscalizadores del mismo.
El CNA cerró su pronunciamiento con una frase que resume la gravedad con que califica la situación: «Hasta este momento, tanto los elementos conocidos como el silencio irresponsable de las autoridades involucradas resultan graves, particularmente en un contexto que profundiza la incertidumbre y la desconfianza ciudadana», en un llamado a la transparencia que incluye a todos los actores involucrados: el Gobierno, los diputados que recibieron los fondos y quienes los gestionaron, comenzando por el propio Jorge Cálix, quien admitió públicamente haber solicitado las transferencias para toda su bancada y anunció que pedirá canastas para el Día de la Madre siguiendo el mismo mecanismo.
