Tegucigalpa – La crisis de Koriun Inversiones se complica ante la ausencia total de documentación contable que permita identificar a los aportantes y los montos exactos que deben serles devueltos, según reveló Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
«No existen libros contables ni documentación para entregar el dinero a los asociados de Koriun Inversiones», afirmó Sierra, quien explicó que esta situación ha obligado a la institución reguladora a implementar medidas especiales para intentar gestionar la devolución de los fondos a quienes confiaron sus recursos a la empresa.
El funcionario recordó que Koriun opera sin estar legalmente constituida como institución financiera, lo que agrava la situación. Ante este escenario, la CNBS ha conformado un equipo especializado para cruzar información y reconstruir los registros necesarios, pese a que «no se ha entregado ninguna documentación por parte de Koriun Inversiones».
Sierra fue categórico al referirse a las declaraciones del administrador de la empresa: «El señor Iván Velásquez le ha estado mintiendo a la gente, que hay dos mil millones de lempiras en los bancos y no es así. Él fue entrevistado por los entes de investigación y no pudo justificar esa versión».
Según las precisiones ofrecidas por el titular de la CNBS, durante el operativo realizado el 23 de abril se aseguraron 358 millones de lempiras en efectivo, suma que posteriormente fue entregada a Iván Velásquez. Sin embargo, las autoridades desconocen si estos recursos fueron efectivamente devueltos a los aportantes como correspondía.
«No hay libros contables, no hay registros, no hay orden, porque ese dinero está disperso por otros lados según el camino que han tomado que refleja la investigación», señaló Sierra, pintando un panorama de desorganización administrativa que complica la trazabilidad de los fondos.
Pese a estas dificultades, el presidente de la CNBS aseguró que «el gobierno hará lo necesario para que los afectados recuperen su dinero», aunque advirtió que el proceso requerirá tiempo y la cooperación de la empresa. El primer paso sería realizar una auditoría forense, procedimiento que se ve obstaculizado por la falta de registros e información básica.
«Tenemos que determinar la cantidad total del dinero que hay y recolectar la cantidad de afiliados y la cantidad que aportaron para su devolución, porque si no tienen nada de los documentos que se les está pidiendo estarían incurriendo en el delito de fraude y estafa», concluyó Sierra, dejando entrever posibles consecuencias legales para los responsables de la empresa si no colaboran con el proceso de devolución.
La situación ha generado protestas y manifestaciones de los aportantes, quienes exigen transparencia y celeridad en la devolución de sus recursos, mientras las autoridades intentan establecer mecanismos alternativos para identificar a los afectados y los montos correspondientes.
