Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, realizó este domingo una convocatoria oficial dirigida a los consejeros propietarios Ana Paola Hall y Marlon Ochoa para una reunión de trabajo y posterior sesión extraordinaria programadas para este lunes 14 de julio, en un intento desesperado por resolver la crisis institucional que mantiene paralizado el proceso de adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares a menos de cinco meses de las elecciones generales.
La convocatoria advierte que más retrasos son inaceptables y establece el 29 de julio como fecha límite para adjudicar el contrato del sistema TREP, en medio del conflicto que amenaza la legitimidad de las elecciones generales.
La circular divulgada en exclusiva por el programa 30/30 de TSi establece que la reunión de trabajo iniciará a las 3:00 de la tarde en el Salón de Pleno del CNE, seguida inmediatamente por una sesión extraordinaria programada para las 6:00 de la tarde. López justificó esta convocatoria como una medida necesaria para «superar los obstáculos internos y externos» que han caracterizado el proceso electoral durante las últimas semanas.
La convocatoria incluye una cláusula que contempla la participación de la consejera suplente Karen Rodríguez en caso de que algún consejero propietario no asista al pleno, «para la instalación del pleno de Consejeros, conforme al artículo 12 de la Ley Electoral». Esta disposición refleja la preocupación por las ausencias sistemáticas que han impedido alcanzar el quórum necesario para tomar decisiones cruciales en el organismo electoral.
Además, el documento advierte que en caso de incumplimiento de los deberes por parte de los consejeros suplentes, se procederá inmediatamente a convocar la sesión del CNE aplicando el artículo 18 de la Ley Electoral en armonía con el artículo 7 del Reglamento de Sesiones del Pleno, evidenciando la determinación de López por avanzar con la agenda electoral independientemente de las resistencias internas.
La agenda propuesta para la reunión incluye los mismos temas que han sido objeto de las dos convocatorias anteriores que fracasaron, más la incorporación de dos nuevos puntos: el nombramiento de la comisión de evaluación del proceso de biometría y la revisión de los cronogramas internos de todos los procesos lanzados. Esta ampliación de la agenda busca abordar de manera integral los múltiples frentes que requieren atención urgente en el CNE.
La presidenta del CNE estableció un tono de ultimátum al recordar que «más retrasos en el cronograma electoral son inaceptables» y advirtió específicamente sobre los incumplimientos en los tiempos para la adjudicación del contrato del sistema TREP. El documento establece categóricamente que la fecha límite para esta adjudicación es el 29 de julio de 2025, creando una presión temporal adicional sobre los consejeros que han mantenido posiciones divergentes.
López concluyó su convocatoria con un llamado directo a todos los miembros del CNE para que «actúen conforme a los límites que marca la Constitución de la República», una declaración que puede interpretarse como una advertencia sobre las consecuencias legales de continuar obstruyendo el proceso electoral mediante ausencias injustificadas o bloqueos institucionales.
El conflicto que ha paralizado al CNE durante las últimas semanas se centra en las discrepancias sobre el sistema TREP, donde tres sesiones consecutivas han fracasado por la ausencia del consejero propietario Marlon Ochoa y sus suplentes, quienes han calificado las convocatorias como «ilegales».
Esta situación se complicó cuando colectivos vinculados al partido Libertad y Refundación bloquearon físicamente el acceso al edificio del CNE el 7 de julio, protestando por presuntos intentos de fraude relacionados con la contratación del sistema.
El núcleo de la controversia radica en las posiciones irreconciliables sobre la verificación de actas electorales. Ochoa argumenta que es ilegal cualquier sistema que permita la intervención humana en la verificación de actas, asegurando que esta mecánica constituyó el principal instrumento de fraude electoral en las elecciones de 2013 y 2017.
Por el contrario, las consejeras López y Hall sostienen que la Ley Electoral respalda la revisión de actas que presenten inconsistencias, considerando esta función como parte esencial del proceso de verificación democrática.
Estas discrepancias han generado una profunda incertidumbre ciudadana sobre la integridad del proceso electoral. El Centro de Estudios para la Democracia ha advertido que el conflicto interno sobre el TREP «amenaza la legitimidad de las elecciones generales de 2025», señalando que la falta de consenso entre los consejeros pone en riesgo la credibilidad de todo el proceso democrático.
La organización subrayó que la Ley Electoral establece la obligación de aprobar los lineamientos del sistema por consenso y con seis meses de antelación, condiciones que actualmente no se están cumpliendo debido a las divisiones internas.
La convocatoria de López representa un intento desesperado por romper el impasse institucional que mantiene al país en vilo a pocos meses de unas elecciones que definirán el rumbo político de Honduras para los próximos cuatro años, en un momento donde la legitimidad democrática depende de la capacidad del CNE para resolver sus diferencias internas y garantizar un proceso electoral transparente y creíble.
