Tegucigalpa – Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, junto al consejero suplente Carlos Enrique Cardona, justificaron jurídicamente la declaratoria oficial de las elecciones generales en Honduras, defendieron que el acto no requiere sesión plenaria ni votación y denunciaron intentos de boicot, amenazas y obstrucción interna mientras confirmaban el triunfo de Nasry Asfura con un resultado matemáticamente irreversible.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró este 24 de diciembre uno de los procesos más tensos y cuestionados de la historia reciente al emitir oficialmente la declaratoria de las elecciones generales, en un contexto que sus propios integrantes describieron como marcado por amenazas, boicot y sabotajes.
Durante la lectura de la declaratoria, las consejeras propietarias Ana Paola Hall y Cossette López, acompañadas por el consejero suplente Carlos Enrique Cardona, pusieron el foco en la legalidad del acto, citando los artículos 284 y 285 de la Ley Electoral. Subrayaron que la normativa únicamente ordena al CNE “hacer la declaratoria” y que la ley no exige sesión, votación, resolución colegiada ni intervención de la voluntad del pleno en el contenido del documento, que describieron como una certificación institucional de resultados ya verificados.
“En Derecho Público rige el principio de legalidad estricta”, recuerda la Declaratoria, precisando que la autoridad solo puede exigir lo que la ley ordena expresamente. Bajo ese principio, sostienen que no puede forzarse una sesión como requisito de validez si la ley no lo contempla.
Las autoridades electorales insistieron en que la declaratoria no es una decisión política ni colegiada, sino una certificación de hechos objetivos derivados del escrutinio. El debate, afirmaron, ocurre antes: en los escrutinios especiales, impugnaciones y nulidades.
Una vez cerrado ese ciclo, la declaratoria pasa a ser “obligatoria, no discrecional ni negociable”. Reabrirla, advirtieron, implicaría violar el principio de preclusión y convertir al CNE en un “órgano revisor político del voto”, algo que la ley no solo no permite, sino que prohíbe.
Aun así, el documento reconoce que el CNE es un órgano colegiado y que, en derecho administrativo comparado, los actos se imputan al órgano y no a una persona. Por ello, aunque no se requiera sesión para su validez, sí debe existir una imputación institucional clara, que se concreta mediante la firma, la publicación oficial y la responsabilidad administrativa del organismo.
En ese marco, el pleno abordó la negativa del consejero propietario Marlon Ochoa a firmar la declaratoria, calificándola como una postura “pública y legalmente injustificada” y como una conducta “obstructiva repetitiva” del representante del partido gobernante. Frente a esa negativa, se integró al consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández para garantizar la continuidad institucional y evitar que el órgano quedara nuevamente paralizado.
El CNE también aclaró que, aunque no existen condiciones para una transmisión en cadena nacional ni para la publicación inmediata en el Diario Oficial La Gaceta, ninguno de esos mecanismos condiciona la validez del acto: no lo crean, solo lo hacen público.
La declaratoria, señalaron, puede formalizarse mediante otros medios de publicidad oficial, incluida la comunicación directa a organismos internacionales y a otros poderes del Estado, cumpliendo con el principio de publicidad sin afectar la eficacia jurídica de la decisión.
Los considerandos subrayan además que la declaratoria “se hace en condiciones de libertad personal, libres de coacción o amenaza alguna”, extremo que —según el documento— fue constatado por la jueza ejecutora del recurso de hábeas corpus interpuesto como “mecanismo malicioso” para intentar conocer el paradero de las dos consejeras firmantes.
En cuanto a los datos, el CNE precisó que la declaratoria se emite con un 98.18 % de actas divulgadas y consistentes en el nivel presidencial, un porcentaje que describen como de “imposibilidad matemática” de revertir el resultado. De 19,167 actas totales, se recibieron 19,153 (99.93 %) y se divulgaron correctamente 18,820, mientras que 333 actas presentan inconsistencias.
Con ese nivel de avance, el CNE da como ganador a Nasry Asfura, del Partido Nacional, y detalla que las actas con inconsistencias representan el 1.73 % del total. La diferencia entre el primer lugar (Asfura) y el segundo (Salvador Nasralla, del Partido Liberal) se fija en 0.74 %, margen que el órgano considera ya irreversible.
“Hoy 24 de diciembre hemos realizado la sesión de pleno y hemos decidido, hemos acordado realizar el presente video para su difusión pública para el conocimiento y la tranquilidad de la ciudadanía hondureña”, concluyó la presidenta Hall, quien sostuvo que, pese a los obstáculos, el CNE “con valentía, firmeza, determinación y espíritu de país” ha cumplido con su deber de entregar resultados al pueblo hondureño.
