Tegucigalpa.- A solo 20 días de las elecciones generales y dos días del simulacro electoral, el Consejo Nacional Electoral enfrenta una crisis logística sin precedentes al quedarse sin empresa que transporte las maletas electorales, después de que Latin Cargo rechazara definitivamente la adjudicación del contrato valorado en 57,914,411.41 lempiras.
La situación se agrava considerando que la empresa responsable del transporte en las primarias del 9 de marzo fue duramente criticada y sus representantes enfrentan proceso judicial tras los momentos caóticos que incluyeron utilización de «rapiditos» para movilizar papeletas en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Cronología de una crisis anunciada
El proceso se inició el 13 de octubre cuando el CNE recibió la única oferta para el «Servicio de Transporte Pesado» de Latin Cargo, pero según el cronograma electoral 2.0, la adjudicación debía realizarse el 15 de octubre, plazo que no se cumplió.
La crisis se intensificó cuando el 1 de noviembre, el fiscal general Johel Zelaya presentó 24 audios de un supuesto plan de boicot electoral entre Cossette López, Tomás Zambrano y un militar, creando una burbuja mediática que complicó las decisiones institucionales.
En medio de esta controversia, el 3 de noviembre Latin Cargo envió documento retirándose del proceso, argumentando retraso de 18 días en adjudicación, falta de respuesta a cinco notas y que el ingreso de vehículos al Infop debió ser el 1 de noviembre.
Adjudicación nocturna y rechazo definitivo
Paradójicamente, esa misma noche el CNE realizó sesión de pleno suspendida a las 7:00 PM y retomada pasadas las 9:00 PM, donde anunciaron la adjudicación del contrato a Latin Cargo, pese a que la empresa ya había comunicado su retiro.
El 4 de noviembre, la consejera presidenta Ana Paola Hall emitió comunicado afirmando que se encontraban «en proceso de diálogo» con la empresa adjudicada, mientras representantes de Latin Cargo se reunían con consejeros para evaluar una posible reconsideración.
Sin embargo, el 5 de noviembre Latin Cargo emitió documento legal rechazando definitivamente la adjudicación, señalando que no recibieron respuesta en la reunión del día anterior y reiterando sus preocupaciones sobre viabilidad del proyecto.
Argumentos técnicos y preocupaciones empresariales
El gerente comercial Johan Phill Ávila explicó que solicitaron un pago inicial no menor al 50% del valor total, conforme al artículo 91 de la Ley de Contratación del Estado, pero no obtuvieron confirmación.
Además, la empresa propuso que observadores electorales acompañaran cada unidad durante todo el trayecto, buscando «garantizar el éxito» del proyecto y tener garantías de todas las instituciones y colegios profesionales.
Ávila reveló que «no hay una empresa que pueda disponer con la capacidad de unidades en un solo proyecto. Dependemos de un montón de transportistas«, evidenciando la complejidad logística del desafío electoral.
Opciones de emergencia y recomendaciones expertas
Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados, afirmó que el CNE «todavía puede hacer la contratación expedita», pero advirtió que «es importante que pueda estar adjudicado antes del 20 de noviembre» porque es la fecha de banderillazo para despachar contenedores.
El exconsejero Germán Lobo coincidió que «todavía hay tiempo» para contratación directa, recomendando que el CNE «active los consejos departamentales y municipales» para conseguir compañías locales y «solo contrate equipos pesados para cabeceras departamentales».
Solórzano calificó como «no recomendable» que las Fuerzas Armadas transporten el material, mientras Lobo señaló que el pago del 50% por adelantado «es una decisión administrativa» pero la veeduría extra solicitada «no está dentro de la Ley Electoral».
Sesión nocturna con presencia militar
En la noche del jueves 6 de noviembre, los consejeros sostuvieron sesión de pleno ante la problemática, donde según se conoció, «a solicitud de un consejero la cúpula militar estuvo presente», generando interrogantes sobre posibles alternativas de transporte militar.
Esta presencia plantea dudas sobre si el CNE considera utilizar recursos de las FF.AA. para solucionar la crisis logística, opción que expertos consideran «no recomendable» por implicaciones de militarización del proceso.
La situación coloca al organismo electoral en una encrucijada crítica: resolver urgentemente el transporte de maletas o enfrentar un colapso logístico que comprometería la realización de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Con solo 13 días antes del inicio de distribución de material, Honduras enfrenta incertidumbre sobre la capacidad institucional de garantizar un proceso electoral mínimamente funcional.
