Tegucigalpa – En medio de una crisis institucional marcada por huelgas y conflictos internos en el INFOP, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha manifestado su preocupación por las recientes reformas presupuestarias que pretenden trasladar los recursos de la institución a la «Caja Única» del gobierno de Xiomara Castro.
A través de comunicaciones oficiales dirigidas tanto al ministro del Trabajo, Wilmer Javier Hernández, como al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el COHEP ha señalado que las disposiciones aprobadas el 6 de febrero en el Presupuesto General de la República son inconstitucionales y atentan contra la autonomía del INFOP.
La organización empresarial destaca que el patrimonio del INFOP, constituido por mil 381 millones de lempiras provenientes de aportes del sector privado, está protegido por el artículo 262 de la Constitución y debe destinarse exclusivamente a la educación profesional de los hondureños.
Según el COHEP, los artículos 43 y 47 de las disposiciones presupuestarias, que pretenden el traslado de estos fondos, contravienen múltiples artículos constitucionales relacionados con las instituciones descentralizadas, incluyendo los artículos 140, 260, 261, 262, 267, 268 y 269.
La controversia se agudiza al revelarse que los representantes de la empresa privada en el Consejo Directivo del INFOP no respaldaron la iniciativa enviada por la presidenta Castro a través del ministro de Trabajo al Congreso Nacional. El COHEP advierte que la aprobación de estas reformas podría acarrear responsabilidades administrativas, civiles y penales.
En su comunicación al presidente del Congreso, el COHEP enfatiza que una disposición transitoria no puede modificar leyes permanentes como la Ley Orgánica del INFOP, la Ley General de Administración Pública y la Constitución de la República, solicitando una corrección urgente del artículo 47 de las disposiciones generales del Presupuesto, cuya aprobación ha sido cuestionada por realizarse en la madrugada y presuntamente sin el quórum requerido.