Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) fijó una contundente posición frente a la crisis generada por el escándalo financiero de Koriun Inversiones, rechazando categóricamente la propuesta gubernamental de utilizar dinero público para compensar a las víctimas de esta estafa piramidal que ha afectado a más de 35 mil hondureños.
A través de un comunicado oficial, la máxima organización empresarial del país exige al Estado proceder estrictamente dentro del marco legal para liquidar los fondos que administraba la entidad financiera y devolver el dinero a los afectados mediante mecanismos transparentes, sin recurrir al erario público.
«Como organización cúpula del sector privado hondureño, representamos todas aquellas inversiones que cumplan con la normativa legal en Honduras, no estamos de acuerdo, ni avalamos ninguna sociedad mercantil, ni persona natural que se constituya con una finalidad ilícita y que por sus acciones perjudique a otras personas», señala el documento.
El COHEP califica el caso Koriun como «un esquema de fraude y estafa colectiva» y subraya que el Estado debió actuar de inmediato dentro del marco legal, aplicando los procedimientos establecidos. La gremial empresarial exige al Ministerio Público realizar las investigaciones correspondientes y deducir responsabilidades penales a todos los implicados en el esquema fraudulento.
En un aspecto crucial de su posicionamiento, el COHEP cita el artículo 356 de la Constitución de la República, que establece: «El Estado solamente garantiza el pago de la deuda pública que contraigan los gobiernos constitucionales, de acuerdo con esta Constitución y las leyes. Cualquier norma o acto que contravenga lo dispuesto en este artículo hará incurrir a los infractores en responsabilidad civil, penal y administrativa, la cual será imprescriptible.»
Con base en este fundamento constitucional, la organización empresarial expresa su «preocupación y desacuerdo» ante la iniciativa legislativa que propone destinar recursos estatales para atender específicamente el caso Koriun. «Consideramos que esta no es la vía adecuada para abordar dicha problemática. En primer lugar, porque no existe fundamento jurídico para ello, de conformidad con lo establecido en la ley que señala que las leyes deben tener carácter general y no deben emitirse para beneficiar casos particulares», argumenta.
El COHEP advierte que aprobar una ley con este propósito «contraviene los principios de legalidad, igualdad ante la ley y responsabilidad en el uso de los recursos públicos». Aunque expresa solidaridad con los afectados, señala que «destinar recursos públicos para resolver conflictos entre particulares sentaría un grave precedente, ya que implicaría que, por igualdad de trato, el Estado debería intervenir en todos los casos similares de estafa o fraude».
La organización empresarial recuerda que existen normativas suficientes para atender adecuadamente este caso, incluyendo el Código de Comercio, la Ley del Sistema Financiero, el Código Penal, la Ley Especial contra el Lavado de Activos y la Ley de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), entre otras.
Finalmente, el comunicado concluye con un llamado a la ciudadanía: «Instamos al pueblo hondureño, a no dejarse sorprender por organizaciones no registradas y no reguladas por las instituciones correspondientes, que ofrezcan rendimientos improbables, tasas de retorno no sostenibles, ofertas engañosas y trampas para incautos, aprovechándose de la confianza del pueblo hondureño».
Este posicionamiento del COHEP se suma a las voces críticas de diversos sectores que han cuestionado la propuesta gubernamental de utilizar fondos públicos para responder a una estafa ejecutada por una entidad privada, en lo que algunos analistas han señalado como una estrategia con evidentes motivaciones políticas de cara a las próximas elecciones generales.
