Tegucigalpa – En medio de crecientes tensiones diplomáticas y preocupaciones económicas, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, hizo un llamado urgente al gobierno sobre dos frentes críticos que afectan al país: las relaciones con Estados Unidos y la crisis del empleo.
La líder empresarial enfatizó la necesidad de reconsiderar la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos, cuya vigencia expira el 28 de febrero. Esta advertencia cobra especial relevancia tras las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien subrayó la importancia de la extradición como prioridad para su país.
Paralelamente, Gallardo expresó su frustración por la falta de progreso en las iniciativas de generación de empleo, a pesar de reuniones recientes con el canciller Enrique Reina. «No hemos tenido ninguna comunicación formal sobre cuándo vamos a empezar a trabajar», señaló.
El COHEP propone una estrategia integral que combina el aprovechamiento inmediato de puestos de trabajo disponibles con programas de financiamiento a través de instituciones como Banadesa y Banprovi. La empresaria enfatiza la importancia del desarrollo de competencias para la formalización laboral, respaldado por un sólido apoyo administrativo y financiero gubernamental.
La empresaria destacó que la situación del empleo podría agravarse con el incremento de deportados, subrayando la urgencia de implementar soluciones sostenibles. «El sector privado tiene varios años hablando de los problemas de empleo y, con los deportados, se agudizará la situación», advirtió.
Gallardo concluyó señalando que diversos sectores productivos están dispuestos a ofrecer oportunidades laborales, pero necesitan un marco gubernamental que facilite la creación de condiciones adecuadas para el desarrollo sostenible del empleo y el emprendimiento en el mediano plazo.
El financiamiento, ya sea a través de Banadesa o Banprovi, podría agilizar los procesos para dinamizar la economía y brindar oportunidades laborales, mientras que los programas gubernamentales deben ser integrales para asegurar que los hondureños no solo tengan acceso a capital sino también a las competencias necesarias para su formalización.
