Tegucigalpa, Honduras. – Los colectivos de Libertad y Refundación (Libre) han dejado una estela de violencia en los últimos dos meses que incluye ataques sistemáticos contra periodistas, diputados electos, pastores evangélicos y escrutadores, mientras exigen un conteo de «voto por voto» que ni siquiera les da la oportunidad de ser la segunda fuerza política en el país, pues los resultados de los comicios del 30 de noviembre ponen al actual partido gobernante como el gran perdedor.
Las agresiones ocurridas este martes contra la periodista Claudia Cáceres, quien labora en Radio Cadena Voces (RCV), y contra el diputado electo Rolando Contreras, hermano del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, son solo los episodios más recientes de una cadena de violencia que parece operar con total impunidad.
Hace dos semanas, la diputada Gladys Aurora López resultó con graves lesiones tras la explosión de un artefacto en los bajos del Congreso Nacional en un incidente que involucra a simpatizantes de Libre, quienes habían sido convocados por el presidente del Legislativo, Luis Redondo, en la que fue la última sesión legislativa dirigida por el diputado oficialista.
Mientras la parlamentaria resultó con quemaduras en el cuello y hombro, además de daños en el oído, a Rolando Contreras las turbas de Libre le arrebataron la credencial que le había extendido minutos antes el Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, los colectivos quemaron el documento ante la vista y paciencia de los pocos efectivos policiales presentes en el sitio.
A la periodista del medio de comunicación RCV, un férreo medio crítico del gobierno, los militantes del partido de izquierda le arrebataron y revisaron la mochila que portaba, mientras le gritaban amenazas directas e incitaban a la violencia.
«Fui sometida a un acto de intimidación, acoso y violencia, únicamente por ejercer mi labor como comunicadora, doy gracias a Dios por salvaguardar mi vida, yo les decía no me vayan a golpear yo ando trabajo, les agradezco por no haberme golpeado, Dios los guarde», relató Cáceres, evidenciando el clima de terror que enfrentan los comunicadores.
La intolerancia a la crítica por parte de altos funcionarios del gobierno de Libre parece haber escalado hasta sus bases. Otros medios que han sido intimidados por los seguidores del oficialismo incluyen a HCH, cuyas cámaras han registrado las agresiones a la periodista María Fernanda Martínez cuando cubría un evento del alcalde capitalino, así como a su colega Luis Anariba y a su compañero camarógrafo. También agredieron a Alex Cáceres, en un hecho que data de los inicios de la gestión de Xiomara Castro.
El presidente del Colegio de Periodista de Honduras (CPH), Juan Carlos Sierra, ha condenado estos reiterados ataques a los comunicadores ocurridos en el ejercicio de su profesión. «No sabíamos que ahora era prohibido cubrir un evento porque lo que reciben los periodistas son agresiones, insisto este es un llamado a los líderes de Libre para que llamen a la cordura, cambiar el lenguaje en contra de los periodistas y medios de comunicación», dijo a periodistas.
El periodo pre y postelectoral ha estado marcado por la violencia, donde los colectivos destacan por su papel protagónico, no solo por las tomas de vías públicas y edificios estatales, sino por los choques directos con víctimas identificables.
Tres semanas después de las elecciones generales, un grupo de pastores evangélicos que llegaron a orar para pedir por el inicio del escrutinio especial fueron agredidos, mientras que los agentes policiales no se inmutaron al ver las agresiones, evidenciando la parálisis institucional ante la violencia oficialista.
El presidente de la Confederación Evangélica, Gerardo Irías, informó que los líderes evangélicos llegaron a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), sobre el bulevar Fuerzas Armadas, cuando empezaron a ser atacados verbal y físicamente.
Lo más lamentable, dijo el pastor Irías, es que los miembros de la Policía Nacional que estaban ahí resguardando no reaccionaron a la agresión, «seguramente por miedo tras los despidos exigidos por la presidenta Xiomara Castro».
En la época previa al inicio del escrutinio, durante una de las tomas de carreteras y quemas de llantas —muy de moda en estos días— los colectivos de Libre impidieron el paso de motociclistas y conductores, y según imágenes divulgadas por medios de comunicación, bajaron a un joven de la motocicleta en que se transportaba y «se le fueron a los golpes».
Una vez iniciado el escrutinio, donde las afueras del Infop se convirtieron en el campamento de los seguidores de Libre, un grupo de escrutadores fueron atacados y tres resultaron lesionados cuando sujetos lanzaron una bomba molotov al interior del autobús que los trasladaba a sus viviendas tras una jornada de 12 horas.
«No podemos llegar a este tipo de violencia. Ya tienen ubicada a la gente, en qué buses se va cada persona. Es una persecución cuando esta gente solo viene a trabajar», reclamó en ese momento Roberto Mourra, representante de los escrutadores del Partido Nacional.
Los colectivos de Libre siguen intimidando, agrediendo y paralizando la movilidad en la capital, operando con aparente impunidad mientras las autoridades policiales permanecen inmóviles ante los ataques sistemáticos contra ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales o simplemente intentan realizar su trabajo.
La acumulación de estos episodios violentos configura un patrón de intolerancia y autoritarismo que diversos sectores han denunciado como incompatible con la democracia, mientras el país se prepara para la instalación del nuevo Congreso Nacional este miércoles en medio de un clima de máxima tensión.
