Tegucigalpa, Honduras. – El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) lanzó una advertencia crítica: el Ministerio Público (MP) es uno de los principales responsables del atraso en la contratación del transporte del material electoral, un punto clave para garantizar los comicios del 30 de noviembre.
Su presidente, Gustavo Solórzano, recordó que el contrato debe estar listo antes del 20 de noviembre, fecha límite para el banderillazo de salida de los contenedores hacia todo el país.
Pero, según explicó, la intervención del MP en procesos anteriores —incluyendo el secuestro de documentación y la paralización de pagos a transportistas— generó un clima de miedo y desconfianza entre las empresas del sector.
“Advertimos que la injerencia del MP podía traer consecuencias”, afirmó Solórzano. “Ahora los proveedores dudan en contratar con el CNE por el riesgo financiero y reputacional”, añadió, al señalar que diversos sectores ya denuncian una pérdida de imparcialidad por parte del ente fiscal.
El abogado fue contundente al descartar soluciones improvisadas: “No hay ninguna institución del Estado, ni siquiera las Fuerzas Armadas, que tenga la capacidad logística ni los contenedores necesarios” para trasladar de forma segura el material electoral.
Aunque reconoció la capacidad organizativa de las FFAA, subrayó que el traslado requiere vehículos especializados, no camionetas o unidades livianas.
“Esta es una labor que necesariamente debe hacer el sector privado”, insistió, y urgió al Consejo Nacional Electoral (CNE) a agilizar un proceso expedito de contratación con empresas calificadas, antes de que el reloj electoral se agote.
Para el CAH, el problema ya no es técnico, sino de confianza institucional. Y si no se resuelve pronto, no será la logística la que falle, sino la democracia misma.
