Tegucigalpa. -La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, desmintió este miércoles al excomisionado de Policía Henry Vicente Osorto Canales, en el sentido que esa instancia depuradora había recibido instrucciones del presidente, Juan Orlando Hernández, de cancelar al excomisionado general Ramón Antonio Sabillón, de forma arbitraria, y que los esfuerzo de profilaxis impulsados en los últimos tres años en la entidad armada respondían a designios de los “carteles de la droga”.
En un comunicado, la Comisión Depuradora, afirmó su accionar “ha estado alineado a procurar volver efectiva una reforma institucional que con un abordaje integral extirpe la corrupción y la ineficiencia que por muchos años caracterizaron a la entidad”.
En cuanto a la salida del exdirector general de la Policía Nacional, el excomisionado general Ramón Antonio Sabillón Pineda, la Comisión Especial, señala que luego de tener conocimiento oficial sobre la salida irregular del país del exalto oficial policial, en abril de 2016, de conformidad a los informes remitidos por el Instituto Nacional de Migración de Honduras, y registros migratorios de Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos, se instó el 26 de mayo de 2016, al ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, para que procediera a declarar en abandono al ahora exjerarca policial por haber violentado su condición de oficial activo a disposición de las autoridades del cuerpo policial.
Lo anterior en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, decreto legislativo 21- 2016 del 8 de abril de 2016 y decreto ejecutivo PCM 029-2016 del 11 de abril de 2016, argumentó la comisión.
Del mismo modo, la Comisión para la Depuración y Transformación Policial, negó que el presidente Hernández, o alguna otra autoridad del Estado, haya recomendado separar arbitrariamente a los oficiales Osorto Canales y Sabillón Pineda; la Comisión Especial únicamente cumple “a cabalidad el contenido de las disposiciones emanadas del decreto legislativo 21-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República que dio vida a la Comisión Especial.
El decreto manda a determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados.
Asimismo, remitir al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y, rendir informe cada tres meses al Congreso Nacional, sobre los avances del proceso de depuración”.
Igualmente, la Comisión Especial explicó que en lo que llevan de gestión han hecho “un esfuerzo importante para que –además de excluir a los oficiales y agentes que no son idóneos para el servicio público- impulsar una modernización del marco legal de la entidad, mediante la incidencia para la aprobación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Policial; la reforma del Sistema Educativo Policial, con énfasis en el fortalecimiento institucional del Instituto Técnico Policial (ITP) y la Academia Nacional de Policía (Anapo).
Además, la instauración de un mecanismo permanente de evaluación de idoneidad y verificación del cumplimiento del régimen disciplinario policial a través de la puesta en funcionamiento de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol); y otras acciones encaminadas a mejorar la gestión administrativa de la Secretaria de Seguridad y de la Policía Nacional”.
Finalmente, la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, apuntó que “el accionar de la misma ha estado alineado a procurar volver efectiva una reforma institucional que con un abordaje integral extirpe la corrupción y la ineficiencia que por muchos años caracterizaron a la entidad”.
En el comunicado, agregó que hasta la fecha, “reconocidas organizaciones independiente del ámbito nacional e internacional como el Woodrow Wilson International Center for Scholars (Wilson Center) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Estados Unidos, han considerado el proceso de depuración y transformación de la policía nacional, un ejemplo para otros gobiernos del mundo y un hecho que no tiene paralelo en América Latina”.
