Tegucigalpa – El miembro de la Comisión Especial para la Depuración de la Policía Nacional, Omar Rivera, advirtió que el agente que haya cometido un delito o una falta grave “será sometido” al debido proceso conforme a ley,
-No hay razón alguna para interrumpir el servicio policial, según Omar Rivera
Así lo sostuvo hoy el dirigente de la sociedad civil, luego de participar en la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, convocada por el presidente Juan Orlando Hernández para analizar los últimos acontecimientos registrados en el país.
Entre esos sucesos, fueron estudiados, la rebelión de un pequeño grupo de policías que se tomó las instalaciones de las Fuerzas Especiales localizadas en la colonia 21 de Octubre y Casamata.
En ese sentido, Rivera dijo que muchas de las demandas presentadas por el grupo de sublevados en este momento son atendidas.
Todo lo que tiene que ver con la infraestructura, rol de turnos, seguro médico y el acompañamiento de la protección social para ellos y su familia ha sido atendido, afirmó.
Razón
“Por eso no hay razón alguna para interrumpir el servicio policial en un país que requiere tanta seguridad como Honduras”, subrayó.
En ese sentido, dijo que se está recopilando toda la información pertinente en las diferentes unidades policiales “y todo aquel agente que haya cometido un delito o una falta grave o incumplido sus deberes se le someterá el proceso conforme a ley”.
“Desde luego se le respetará el debido proceso y el derecho a la legítima defensa”, expresó.
“Pero si a alguien se le encuentra culpable de haber cometido un acto transgresor a la ley, como se ha hecho en el pasado, será castigado conforme a lo que dicta la normativa vigente en la Carrera Policial”, enfatizó.
Por otra parte, señaló que nos sentimos ampliamente satisfechos por “el respaldo recibido por todas las instituciones que conforman el Consejo de Defensa”,
El apoyo es en el sentido, que este proceso de transformación de la Policía Nacional no puede tener freno ni obstáculos, señaló.
La reconstrucción de la institucionalidad debe continuar “por lo que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que sea interrumpida mucho menos desde el interior de la Policía”, concluyó.
Unos 1,000 policías son investigados por supuestos actos de corrupciób
