Tegucigalpa. – La Comisión Especial del Pleno del Congreso Nacional remitió una comunicación formal a la presidenta Xiomara Castro instándola a rechazar la sanción del proyecto de ley aprobado por un número reducido de legisladores en una sesión convocada por Luis Redondo, según informó la diputada Maribel Espinoza.
La solicitud busca que la mandataria «no incurra en los mismos delitos en que ya se incurrieron el día de ayer por parte de Redondo y su grupo», según precisó la parlamentaria al referirse a la controvertida sesión que careció de la asistencia de la mayoría de diputados.
Espinoza fue enfática al catalogar las acciones del presidente del Legislativo y su grupo parlamentario como una serie de violaciones legales. La diputada citó el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) para respaldar su denuncia, reproduciendo textualmente la posición del organismo internacional: «las acciones de un grupo reducido y no plural de diputados hondureños que se reunieron sin respetar las normas del derecho parlamentario para adoptar una decisión destinada a obstaculizar la transición pacífica del poder resultante de un proceso electoral en el que se expresó la voluntad de la ciudadanía».
La legisladora caracterizó lo ocurrido como «una clara conspiración para impedir la alternancia en el ejercicio del poder», un señalamiento que cobra relevancia tras la condena internacional expresada por la OEA sobre los acontecimientos en el hemiciclo legislativo.
El polémico decreto fue aprobado durante una extensa sesión en la que participaron mayoritariamente integrantes propietarios y suplentes del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), junto con la diputada suplente liberal Mireya Guillén y el legislador del Partido Salvador de Honduras (PSH), Osman Chávez.
Durante aquella jornada legislativa, Redondo y la bancada de Libre asumieron facultades que no les corresponden constitucionalmente al realizar la declaratoria final del proceso electoral, una atribución exclusiva del Consejo Nacional Electoral (CNE). Adicionalmente, solicitaron al Ministerio Público iniciar acciones penales contra las consejeras del organismo electoral.
El proyecto legislativo, que requiere sanción presidencial y publicación en La Gaceta para entrar en vigencia, pretende revertir la declaratoria oficial del proceso electoral realizada por el CNE, el único ente habilitado constitucionalmente para efectuar el conteo de votos y divulgar los resultados de las elecciones.
La petición del pleno legislativo a la presidenta Castro coloca a la mandataria en una encrucijada política: sancionar el decreto implicaría, según la Comisión Especial, participar en las mismas presuntas irregularidades legales que se atribuyen a Redondo y sus aliados, mientras que rechazarlo generaría un conflicto directo con su propio partido y el titular del Congreso.
La situación evidencia la profunda fractura al interior del Poder Legislativo y plantea interrogantes sobre la viabilidad jurídica de un decreto aprobado sin la pluralidad parlamentaria requerida y que contraviene las competencias constitucionales del organismo electoral, todo en un contexto de cuestionamientos internacionales sobre el respeto a la institucionalidad democrática.
