Tegucigalpa. – El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, informó que la ley que envió esta semana el Poder Ejecutivo a la Cámara Legislativa para su discusión, lleva implícitas las auditorías a las empresas generadores de energía eléctrica.
Recordó que se trata de un proyecto de decreto contentivo de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social.
En ese sentido, detalló que, con esa normativa, “se crea la Comisión Nacional de Auditoría integrada por un delegado” de al menos seis instituciones del Estado.
La misma está integrada por un delegado de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, Servicio de Administración de Rentas, Aduanas y Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
“La comisión creada tiene la atribución de realizar una auditoría integral a los estados financieros de las empresas de generación de energía, desde el inicio de sus operaciones”, expresó Zelaya.
Entre las comprendidas figuran las plantas térmicas, solares, eólicas e hidroeléctricas a fin de cuantificar los costos financieros, costos fijos de operación, mantenimiento y rentabilidad.
La auditoría integral debe extenderse a evaluar los beneficios fiscales de exoneración de impuestos y conexos, precisó el diputado de Libre.
Para el cumplimiento de su atribución la comisión deberá contratar de forma directa y en carácter de emergencia empresas auditoras y técnicos especialistas.
“La ENEE y la CNBS tienen la obligación de proporcionar de forma inmediata la información y asistencia solicitada. El plazo para la realización de las auditorías se hará en 60 días calendario contados a partir de la integración e instalación de la comisión”, dijo.
La comisión tiene la atribución de realizar una auditoría integral a los estados financieros de las empresas de generación de energía, desde el inicio de sus operaciones en plantas de tipo térmico, solar, eólica e hidroeléctrica, para cuantificar los costos financieros, costos fijos de operación y mantenimiento, costos variables de combustible, costos variables de operación y mantenimiento, y su rentabilidad, así como cualquier otro costo o beneficio aplicable con que operan las plantas; y el cumplimiento de los contratos de operación y la normativa legal.
La auditoría integral debe extenderse a evaluar los beneficios fiscales de exoneración de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y conexos, impuestos aduaneros, impuestos sobre ventas, impuesto a los combustibles denominado: Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), otorgados a las empresas generadoras de energía eléctrica a través de leyes especiales y de los contratos de suministro de energía eléctrica.
Para el cumplimiento de su atribución la comisión deberá contratar de forma directa y en carácter de emergencia, empresas auditoras y técnicos especialistas. La ENEE y la CNBS tienen la obligación de proporcionar de forma inmediata la información y asistencia solicitada.
El plazo para la realización de la auditoría será de 60 días calendario contados a partir de la integración e instalación de la comisión que deberá emitir su propia regulación. Asimismo, la comisión debe rendir un informe público a la Nación, estableciendo las medidas y acciones a ejecutar.
