Tegucigalpa, Honduras.— Detrás de cada número hay una persona que planeaba su futuro con la certeza de un salario estable. El presidente de la Comisión Liquidadora, abogado Leonel Núñez, informó este lunes que más de 1,700 empleados han sido despedidos como parte del proceso de reestructuración del Estado, una medida que incluye el cierre, fusión o absorción de diversas instituciones públicas y que busca optimizar el uso de los recursos públicos.
El jurista detalló que la comisión ha trabajado en la revisión de al menos 26 instituciones, programas y dependencias estatales que han sido cerradas, fusionadas o absorbidas por otras entidades que cumplen funciones similares. Un ejercicio de racionalización que, según explicó, responde a la necesidad de eliminar duplicidades y fortalecer la eficiencia del aparato estatal.
Pero la reestructuración no solo implica cambios organizativos; también tiene un impacto humano directo. Núñez confirmó que el Gobierno está a la espera de la aprobación del Presupuesto General de la República para hacer efectivo el pago de más de 360 millones de lempiras correspondientes a pasivos laborales de los trabajadores despedidos. Una cifra que representa el compromiso del Estado de honrar los derechos adquiridos por quienes sirvieron en las instituciones ahora liquidadas.
De igual manera, dio a conocer que los expedientes de pago ya están avanzados y que muchos exempleados están siendo llamados para firmar finiquitos y completar el proceso administrativo previo a la cancelación de sus prestaciones. Un trámite que, aunque necesario, puede generar incertidumbre en las familias que esperan con ansias la liquidación de sus beneficios.
Sobre el respeto a los derechos laborales, Núñez recalcó que se ha estado trabajando con mucha responsabilidad. «Cada uno de los cálculos ha sido refrendado por Servicio Civil o por la Secretaría de Trabajo respetando los derechos y garantías de los trabajadores», aseguró el funcionario, en una declaración que busca transmitir certeza sobre la legalidad del proceso.
Asimismo, Leonel Núñez apuntó que actualmente entre un 5 y 6 por ciento del personal permanece en las entidades en proceso de liquidación, colaborando en las tareas finales antes de su cierre definitivo. Un equipo reducido que, según explicó, garantiza la continuidad de funciones esenciales mientras se completa el proceso administrativo.
Para los trabajadores afectados, la expectativa es que los pagos se realicen con celeridad y sin contratiempos; para la ciudadanía, la esperanza es que la reestructuración derive en un Estado más ágil, transparente y cercano a las necesidades reales de la población.
Mientras el Congreso Nacional avanza en la discusión del Presupuesto General y la Comisión Liquidadora continúa con los trámites de cierre institucional, el mensaje que queda en el aire es claro: la modernización del Estado no puede olvidar a las personas que lo construyen día a día.
Porque al final, más allá de los millones de lempiras y los expedientes administrativos, lo que importa es que cada trabajador reciba el trato digno y el pago oportuno que merece por su servicio, y que Honduras siga construyendo un sistema público que combine eficiencia con justicia social.
