Tegucigalpa, Honduras.— El Ministerio Público logró un fallo de comiso definitivo sobre 25 bienes inscritos a favor de los extintos Magdaleno Meza Fúnez —también conocido como Nery Orlando López Sanabria— y su esposa Erika Julissa Bandy García. La solicitud de privación del dominio fue declarada «Con Lugar» por la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos y Privación del Dominio (SCDLAPD) de la FESCCO.
Los bienes afectados por la sentencia incluyen tres inmuebles, tres vehículos, ocho sociedades mercantiles y 11 productos financieros. Todos pasarán a disposición del Estado tras agotarse el proceso judicial.
De acuerdo con las investigaciones, los titulares de derecho —Magdaleno Meza Fúnez, Erika Julissa Bandy, José Santos Mejía Laínez y Maximiliano Echeverría— no ejercían una actividad comercial, oficio o profesión legalmente constituida que justificara los montos registrados en sus cuentas bancarias, ni la adquisición de bienes inmuebles y joyas valorados en más de nueve millones de lempiras.
La información recopilada por detectives de la DLCN estableció que los implicados manejaron cantidades significativas de dinero con las cuales realizaron inversiones en bienes, sociedades mercantiles y negocios, configurando un alto perfil económico del cual no se logró identificar el origen lícito del capital inicial.
El caso se vincula con hechos de violencia previos. Magdaleno Meza Fúnez fue asesinado en una cárcel de alta seguridad, mientras que su esposa, Erika Julissa Bandy García, fue asesinada junto a su conductor y guardaespaldas en un episodio posterior.
Al momento de ser detenidos y acusados por lavado de activos, a los implicados se les encontraron cantidades de dinero en efectivo, armas, oro, joyas y libretas con registros detallados de sus operaciones: compras de bienes, pagos de impuestos, planillas de empleados y documentación de sus activos. Esta información facilitó a los investigadores la reconstrucción de la trama y el sustento del comiso.
Con este fallo, el Ministerio Público cierra un proceso judicial que permite al Estado recuperar bienes adquiridos presuntamente con recursos de procedencia ilícita. Los bienes pasarán ahora a la etapa de administración o subasta, según lo establezca la normativa vigente.
La resolución representa un precedente en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio en casos donde los titulares de los bienes han fallecido, pero la evidencia documental permite acreditar la ilicitud del patrimonio.
