La Coalición por el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión (Cofle) de Chile entregó este lunes al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sus preocupaciones y recomendaciones en materia de libertad de expresión, violencia contra periodistas, pluralismo informativo y creación de medios.
Integrantes de la Cofle como el Colegio de Periodistas, la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas y el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, entre otros, presentaron su informe antes de que hoy y el martes el Estado chileno rinda examen frente al Comité, vinculado a las obligaciones asumidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Chile ratificó en 1972.
Entre los puntos más relevantes, la Cofle propone actualizar el marco normativo sobre libertad de prensa para incrementar la protección de quienes ejercen la actividad periodística, además de establecer una política pública de prevención, protección y persecución ante agresiones a la prensa.
La Coalición sugiere también mejorar los sistemas de registros de policías, el Ministerio Público y el Poder Judicial para incorporar información relativa a denuncias sobre agresiones y crímenes contra la prensa.
De acuerdo a un comunicado publicado por la Cofle, se busca la creación de un “sistema de registro con datos desagregados sobre violencia digital que integre información de la policía, la fiscalía y el sistema de justicia, además de realizar estudios periódicos que permitan tener un diagnóstico y diseñar políticas públicas”.
Por otro lado, el informe releva la necesidad de generar protocolos frente a la violencia digital, acoso laboral y/o sexual contra mujeres periodistas al interior de los medios de comunicación.
El informe también subraya la transparencia hacia el público respecto a la propiedad de los medios y su concentración, junto con recomendar medidas que fomenten el pluralismo informativo y el derecho a la competencia.
Instrumentos y medidas para contrarrestar campañas de desinformación que “propagan contenidos xenófobos e implementar una política pública destinada a proteger a las comunidades y personas discriminadas por etnia, raza, nacionalidad o lugar de origen”.
