Tegucigalpa – En el marco de la instalación de la tercera legislatura del Congreso Nacional, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, enfatizó sobre el desafío que enfrenta el Poder Judicial: aplicar la justicia de manera efectiva, erradicando los trámites burocráticos y promoviendo la transparencia en todos los niveles.
Durante su discurso, resaltó la necesidad de priorizar la justicia centrada en las personas, defender la honorabilidad de la función jurisdiccional y simplificar los procesos judiciales, todo ello con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la población.
Además, la presidenta de la CSJ destacó las acciones disciplinarias implementadas dentro de la institución, con un firme compromiso de garantizar la integridad judicial y asegurar un proceso de transformación en pro de una administración de justicia más eficiente y transparente.
En cuanto al Plan Estratégico 2023-2027, la CSJ ha fijado cinco ejes fundamentales que incluyen reformas orientadas a una justicia más accesible y transparente.
Entre los logros alcanzados, se mencionó que los juzgados y tribunales emitieron un total de 77,545 resoluciones en 2023, lo que refleja una capacidad de resolución del 75% de la demanda anual de justicia.
Sin embargo, se reconoció que el país enfrenta desafíos significativos en la aplicación de justicia, especialmente en áreas como el sistema penal y civil, donde la demanda es más alta.
A pesar de contar con 462 juzgados y tribunales en todo el país y un equipo de 5,610 servidores judiciales, la tarea de impartir justicia sigue siendo un reto, especialmente considerando la proporción de jueces por habitantes.
En el ámbito de género, la presidenta de la CSJ expresó su orgullo por dirigir un poder del Estado con mayoría femenina en el Pleno, destacando los avances en la implementación de políticas y reformas para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres y la niñez.
Se resaltó la importancia de empoderar a la mujer y se hizo un llamado a todas las instituciones del sistema de justicia, el Congreso y la sociedad civil para unir esfuerzos en la implementación de políticas inclusivas.
En resumen, la CSJ reafirmó su compromiso firme de atender las demandas de justicia en el país, promoviendo el diálogo y la colaboración entre los distintos sectores y poderes del Estado para lograr una administración de justicia equitativa y transparente.
