Tegucigalpa, Honduras.— La comunidad internacional representada en la OEA rechazó categóricamente las narrativas de fraude electoral y respaldó la legitimidad del proceso hondureño, mientras Estados Unidos negó injerencia y múltiples países advirtieron sobre las consecuencias de desconocer resultados democráticos legítimos.
El representante estadounidense ante la OEA, Michael Kozak, consideró que «el pronunciamiento público del presidente Donald Trump por Nasry Asfura no representa una injerencia al proceso electoral hondureño», rechazando las acusaciones de interferencia externa promovidas por sectores oficialistas derrotados.
Kozak señaló que «el llamado de la presidenta Xiomara Castro fue improcedente ya que considera que no hay ninguna evidencia creíble de injerencia de EEUU en las elecciones generales 2025», deslegitimando las narrativas conspirativas que atribuyen la derrota oficialista a factores externos.
«Un mensaje puesto en las redes sociales puesto por nuestro presidente manifestando su preferencia no es interferencia electoral», puntualizó el representante estadounidense, estableciendo la distinción entre expresión de preferencias políticas e interferencia electoral sistemática.
El diplomático estadounidense manifestó que «el Partido Liberal está haciendo lo que se advirtió en la sesión del 25 de noviembre de destruir el proceso electoral», identificando las estrategias de deslegitimación como amenazas directas a la institucionalidad democrática hondureña.
Kozak sostuvo que «es esencial que el CNE pueda cumplir sus responsabilidades sin amenazas» y que «se debe seguir adelante con el proceso de escrutinio especial sin que haya intimidación ni violencia», respaldando la institucionalidad electoral frente a las presiones de movilización callejera.
El canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, «felicitó a la población hondureña por asistir a las urnas de forma pacífica y masiva por lo que su voluntad debe ser respetada», contrastando la responsabilidad ciudadana con las estrategias de deslegitimación institucional.
«Que no se pretenda deslegitimar un proceso que todavía está en curso, esperemos que se espere el informe final del ente electoral que son los únicos que pueden dar un ganador del proceso», sostuvo Álvarez, rechazando las narrativas de fraude promovidas antes de la conclusión oficial del escrutinio.
El canciller dominicano advirtió que «el proceso electoral debe culminar con los espacios legales correspondientes y se debe de aceptar el resultado final, cualquier intento de no reconocer los resultados traerán consecuencias», estableciendo implicaciones diplomáticas para sectores que rechacen la legitimidad electoral.
«La voluntad del pueblo expresada en las urnas no es negociable, ni sustituida por acciones negociables», enfatizó Álvarez, rechazando categóricamente cualquier intento de revertir mediante presión política los resultados expresados democráticamente por la ciudadanía hondureña.
El embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Michael Sanders, señaló que «si más de 100 observadores no hallaron indicios de fraude, nos llevan a pensar que esas acusaciones simplemente quieren socavar la confianza en el proceso electoral y deberían cesar», proporcionando evidencia empírica contra las narrativas de fraude.
Sanders destacó que «el tiempo es un factor crítico, considerado que el CNE tiene hasta el 30 de diciembre como tiempo límite para la declaratoria», estableciendo urgencia institucional para la conclusión del proceso electoral dentro de los marcos legales establecidos.
La representante panameña, Ana Irene Delgado, señaló que «los señalamientos de fraude no siempre han estado acompañados de pruebas suficientes», cuestionando la credibilidad de acusaciones que carecen de sustento empírico verificable.
«Llamados a alterar el orden público o desconocer las instituciones representa actos de intimidación inaceptables y contrarios a los principios democráticos que esta organización defiende», destacó Delgado, condenando directamente las estrategias de movilización callejera y deslegitimación institucional.
El respaldo internacional unánime a la legitimidad electoral hondureña contrasta dramáticamente con las narrativas de fraude promovidas por sectores derrotados, estableciendo un aislamiento diplomático para quienes rechazan democráticamente los resultados adversos expresados por la ciudadanía en las urnas.
