Tegucigalpa – En un conflicto que evidencia las tensiones entre el desarrollo de infraestructura estatal y los derechos de los pueblos originarios, la comunidad misquita ha alcanzado 59 días de protesta continua contra la construcción de una cárcel en Mocorón, Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.
Avilés Murphy, presidente del Consejo Territorial de la Federación de Indígenas Nativos de la zona Mocorón, ha confirmado la unificación de todos los consejos territoriales en esta movilización, manifestando su rotundo rechazo al proyecto penitenciario.
Los líderes indígenas denuncian que el gobierno ha procedido sin realizar la consulta previa, libre e informada que exigen los convenios internacionales sobre derechos de pueblos indígenas.
La determinación de la comunidad se refleja en la construcción de infraestructura de resistencia:
- Una cabaña para reuniones
- Una instalación para cocina
- Un espacio para dormitorio
La organización MASTA, por medio de su representante, ha sido enfática en su posición de no negociar la construcción del centro penitenciario. Como medida de presión, los dirigentes han anunciado que intensificarán sus acciones con una movilización en Tegucigalpa, la capital hondureña.
En una escalada que podría internacionalizar el conflicto, los líderes indígenas han advertido que acudirán a instancias internacionales si el gobierno persiste en su intención de construir la cárcel sin el consentimiento de la comunidad. Esta decisión refleja la determinación de los pueblos misquitos de defender sus derechos territoriales y ancestrales.
La situación pone de manifiesto la compleja relación entre el Estado hondureño y los pueblos indígenas, especialmente en lo que respecta a la toma de decisiones sobre el uso del territorio ancestral.
Los manifestantes sostienen que la defensa de sus derechos y los de sus ancestros es innegociable, estableciendo un precedente importante en la lucha por la autonomía territorial de los pueblos originarios en Honduras.
