TEGUCIGALPA, HONDURAS – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó hoy preocupación sobre las implicaciones de derechos humanos ante el plan del gobierno de instalar un centro de reclusión en las Islas del Cisne. Según el Conadeh, este proyecto podría exponer a las personas privadas de libertad a graves violaciones de sus derechos fundamentales, dadas las características remotas y aisladas de la ubicación propuesta.
En un comunicado, el Conadeh subrayó la importancia de cumplir con los estándares internacionales y las obligaciones estatales en el trato a los reclusos, citando las Reglas Mandela y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Estas normativas establecen el derecho de los detenidos a comunicarse regularmente y recibir visitas de sus familiares y asesores legales, algo que podría verse severamente limitado por la lejanía de las Islas del Cisne.
El ente estatal destacó el derecho de los reclusos a informar a sus familias sobre su encarcelamiento o cualquier traslado, así como recibir visitas periódicas, lo cual es fundamental para el mantenimiento de vínculos familiares y el apoyo emocional y económico durante la reclusión.
El Conadeh hizo hincapié en que la ubicación propuesta para la cárcel dificultaría significativamente estas interacciones, dado que el único acceso es por vía aérea y marítima, lo que implica un alto costo económico y logístico para las familias.
Además, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que facilitar las visitas familiares es esencial para la protección de la familia, tanto de los reclusos como de sus parientes. La propuesta actual, según el Conadeh, limitaría estos derechos de manera tácita debido a las largas distancias y dificultades de acceso.
El Conadeh insta al gobierno a reconsiderar la ubicación del establecimiento penitenciario para asegurar que se respeten los derechos humanos de los reclusos y sus familias, y se minimicen las posibles violaciones a estos derechos en el contexto de las políticas de seguridad nacional.
