Tegucigalpa, Honduras.— La coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Aurora Rueda, reveló que alrededor de 900 mujeres han fallecido de manera violenta en los tres años que lleva vigente el estado de excepción en Honduras.
Durante una presentación pública, Rueda denunció que, pese a la medida de seguridad extraordinaria, no se ha logrado reducir los índices de violencia contra las mujeres.
Al contrario, aseguró que se han registrado casos graves de abusos durante operativos policiales: “Al realizar el allanamiento de la vivienda se llevan a la figura masculina y, posteriormente, efectivos policiales han regresado a ejercer abuso sexual sobre las mujeres que ahí se encuentran”.
Rueda también indicó que, desde 2022, se han documentado robos de pertenencias en viviendas durante allanamientos, lo que refuerza la crítica del Conadeh sobre la “desnaturalización” del estado de excepción y su falta de efectividad para combatir estructuras criminales.
Los departamentos con mayor incidencia de feminicidios bajo este régimen son: Francisco Morazán (primero), seguido de Cortés, Olancho, Yoro y Atlántida.
Ante esta situación, el Conadeh elaboró un informe especial con enfoque de género que documenta los impactos negativos de la medida y propone su sustitución por una política de seguridad basada en derechos humanos y perspectiva de género.
La advertencia del Conadeh contrasta con la postura de la Policía Nacional. Su director, Manuel Aguilar Godoy, afirmó recientemente que el estado de excepción sigue vigente, a pesar de que la oposición en el Congreso Nacional lo declaró legalmente suspendido la semana pasada.
Aguilar Godoy desestimó la decisión legislativa: “Lo que ocurrió en el Congreso no tiene validez. Soy policía, apolítico, y voy a cumplir lo que dice la Constitución y las leyes”. Añadió que, con o sin estado de excepción, su labor no cambiará.
Sin embargo, para el Conadeh y organizaciones de derechos humanos, la continuidad de la medida —sin evaluación de impacto, controles adecuados ni enfoque en las causas estructurales de la violencia— agrava la vulnerabilidad de las mujeres y socava los principios fundamentales de un Estado democrático.
