Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) alzó su voz hoy en defensa de los migrantes hondureños deportados, exigiendo un trato digno y el respeto a sus derechos humanos durante los procesos de retorno al país. Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana, denunció las condiciones inapropiadas en las que algunos compatriotas son deportados.
«Es lamentable ver personas migrantes retornadas con cadenas y en condiciones que no son dignas para ellos», señaló Reyes, quien enfatizó que la migración persistirá mientras no se atiendan eficazmente las causas estructurales que la provocan. «Hay que abordar esas causas que generan la migración, si no se abordan la migración de personas va a continuar», agregó.
La funcionaria destacó los avances en materia de políticas migratorias, como el Plan Nacional de Reintegración lanzado en 2024 por la Cancillería hondureña en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Sin embargo, subrayó la importancia de articular estas iniciativas con el marco legal existente, incluyendo la Ley de Protección al Hondureño Migrante y la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente.
Un punto de especial preocupación expresado por Reyes es la reciente cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, lo que podría presagiar un escenario similar para Honduras. Esta situación pondría en riesgo a aproximadamente 50,000 hondureños que residen en Estados Unidos bajo esta protección, muchos de los cuales han vivido allí por más de dos décadas y han formado familias.
«Preocupa mucho porque son personas que llevan muchos años viviendo en ese país, más de 20 años, tienen hijos, se podrían dar una desintegración familiar y un daño psicológico ante una posible separación», advirtió Reyes, destacando las potenciales consecuencias humanitarias de tales medidas migratorias.
La coordinadora enfatizó que muchos retornados requieren protección especial, ya que originalmente abandonaron el país huyendo de situaciones de violencia. En este contexto, resaltó la importancia de implementar un abordaje integral que considere las necesidades específicas de protección de esta población vulnerable.
