Tegucigalpa, Honduras. – La cuenta regresiva para miles de hondureños amparados por el TPS en Estados Unidos ha comenzado, y en Honduras se encienden las alarmas. La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Blanca Izaguirre, fue contundente al señalar que el país no tiene la capacidad para gestionar una deportación masiva.
- La titular, Blanca Izaguirre, expresó su profunda preocupación por la inminente crisis humanitaria que enfrentarán miles de familias.«Evidentemente, el Estado no cuenta ni con la logística, ni con el presupuesto, ni con la institucionalidad para poderlo abordar», sentenció Izaguirre, cuestionando cómo se atenderá a los retornados al momento de su llegada.
La cancelación del programa, anunciada el 8 de septiembre por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU., afecta a miles de hondureños que llegaron a ese país tras el devastador paso del huracán Mitch en 1998. Durante más de 26 años, construyeron una vida bajo este amparo sin lograr obtener una residencia permanente.
El DHS argumenta que las condiciones en Honduras «han tenido mejoras notables» que permiten el retorno seguro de sus ciudadanos, una postura que ha sido respaldada por la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, esta visión contrasta dramáticamente con la realidad que describen tanto los migrantes como los defensores de derechos humanos.
Los propios «tepesianos» afirman que «al contrario, las condiciones empeoraron» y advierten sobre un futuro de desarraigo y separación familiar. Testimonios recogidos son desgarradores; adultos mayores con enfermedades crónicas como cáncer aseguran que ser deportados a Honduras significaría venir «directamente a morir» por la falta de un sistema de salud adecuado.
La defensora del pueblo, Blanca Izaguirre, trazó un paralelismo con la difícil situación que ya enfrentan los migrantes en tránsito por Honduras, donde la «ausencia de la institucionalidad» impide brindarles un trato digno.
«Es preocupante y nosotros haremos las recomendaciones pertinentes (…) para ver de qué manera se puede abordar la deportación y el regreso masivo de compatriotas con un enfoque de derechos humanos», concluyó.
