Tegucigalpa – Un total de 1.339 denuncias, según información de la Unidad de Estadísticas de esta entidad estatal, evidencian la crítica situación y las numerosas violaciones a los derechos humanos entre 2019 y 2022, según la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). Las personas privadas de su libertad en las distintas cárceles y centros de detención del país deben respetar sus derechos humanos.
Según familiares y personas afectadas, quienes se encuentran privados de la libertad enfrentan un escenario cotidiano que incluye falta de acceso a la salud, abuso de poder, hostigamiento, tortura, maltrato a familiares, retardo en la administración de justicia , el hacinamiento, la falta de servicios básicos y la violencia dentro de las cárceles, lo que ha resultado en más de 70 muertes violentas durante ese tiempo.
Durante mucho tiempo ha sido claro que el Estado hondureño no ha respetado los derechos básicos y el respeto de quienes se encuentran privados de su libertad allí.
Blanca Izaguirre, titular de la Conadeh, señaló que representantes de este organismo estatal realizan visitas de seguimiento rutinarias a los 26 centros penitenciarios del país para verificar si existen violaciones a los derechos humanos, incluidos actos de tortura, presentar denuncias y remitir la información a las instancias correspondientes. autoridades para que puedan iniciar el proceso de investigación.
Se cree que unas 20,000 personas están encarceladas en las distintas prisiones del país.
Aproximadamente 1,900 inspecciones de cárceles, escuelas y comisarías fueron realizadas entre 2019 y 2023 por la Conadeh.
Conadeh sugirió durante las visitas que la administración siga las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y que, luego de eso, se dé el seguimiento correspondiente.
Destacó que la mayoría de las formas en que ocurren las violaciones responden a las pésimas condiciones a las que son sometidas las personas privadas de libertad cuando son retenidas en celdas de castigo por un tiempo prolongado, práctica que ha sido comparada a la tortura.
El 31% de las quejas están relacionadas con los golpes y traslados a otras celdas
Una de las principales violaciones que experimentan las personas a las que se les niega la libertad es el abuso de autoridad; se estima que el 31% de las denuncias están relacionadas con malos tratos por parte de las autoridades o guardias penitenciarios, como golpizas y traslados de celda sin justificación.
A lo anterior se suman las pésimas condiciones en que se mantienen los internos en las celdas de castigo. Según cerca del 14 por ciento de las denuncias presentadas por las víctimas y sus familias, con frecuencia son mantenidas en prisión por períodos prolongados sin las condiciones necesarias para cumplir con las penas impuestas. Algunos peticionarios alegaron que fueron sometidos injustamente a estas correcciones.
El derecho a la vida y el derecho a la integridad personal tienen un carácter esencial en el derecho internacional de los derechos humanos, dado que forman parte del núcleo irrevocable y exigen el goce de otros derechos humanos, según Izaguirre.
“Los actos de tortura atentan directamente contra la vida, salud e integridad física o mental de sus víctimas. Por lo tanto, existe un consenso internacional en cuanto a la estricta prohibición de todo acto que inflija cualquier tipología de tortura, trato cruel, inhumano o degradante”, afirmó el orador.
Afirmó que de acuerdo con los Principios de París, las instituciones nacionales son la columna vertebral de los sistemas nacionales de defensa de los derechos humanos y, más específicamente, coadyuvan a la adopción de las medidas adecuadas para detener el uso de la tortura.
Conadeh estableció la Defensoría de las Personas Privadas de Libertad en 2022 con el objetivo principal de mejorar las condiciones de vida y proteger los derechos de este grupo vulnerable que es más propenso a experimentar actos de tortura.
