Tegucigalpa.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha solicitado formalmente a las Naciones Unidas que, a través del Examen Periódico Universal (EPU), se recomiende al Estado de Honduras poner fin al estado de excepción vigente desde diciembre de 2022.
En su lugar, el organismo propone que se adopte una política de seguridad ciudadana integral, con un enfoque en derechos humanos y de género, que aborde las causas estructurales de la violencia en el país.
Luis Martínez, Oficial Jurídico del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, explicó que la institución presentó un informe «sombra» ante el Grupo de Trabajo del EPU. En este documento, se plasman las principales preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Honduras y se evalúa el cumplimiento de las recomendaciones hechas al país en el ciclo anterior, en 2020.
El estado de excepción es uno de los temas centrales del informe. Desde su implementación el 6 de diciembre de 2022, la medida se ha prorrogado a través de 22 decretos PCM y actualmente se aplica en 226 de los 298 municipios del país, abarcando el 76% del territorio nacional.
Más de 1,000 quejas por abusos
El Conadeh ha monitoreado de cerca el impacto de esta medida, registrando más de 1,000 quejas a nivel nacional por abusos cometidos por agentes estatales durante las intervenciones.
Entre las principales violaciones denunciadas figuran:
- Detenciones arbitrarias.
- Incriminación sin motivos comprobables o con pruebas presuntamente falsas.
- Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
- Robo o pérdida de objetos personales.
- Destrucción de propiedad privada.
- Casos de violencia sexual.
Recomendaciones a los tres poderes del Estado
En su informe, el Conadeh ya ha emitido recomendaciones directas a las autoridades hondureñas. Al Poder Ejecutivo, le ha solicitado abstenerse de prorrogar la medida si no se ajusta a los principios de legalidad y proporcionalidad. Al Congreso Nacional, le ha instado a ejercer su función de control legislativo sobre los decretos. Y a la Corte Suprema de Justicia, le ha pedido que realice un examen de legalidad de oficio sobre las prórrogas.
Martínez explicó que el informe del Conadeh, junto con los aportes del propio Estado y de ONGs, será consolidado por el equipo de trabajo de la ONU. Posteriormente, los países miembros emitirán nuevas recomendaciones a Honduras en los próximos meses, con el objetivo de que el país avance hacia un estado de derecho efectivo.
