Tegucigalpa, Honduras. – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió este miércoles sobre graves violaciones a los derechos fundamentales de quienes guardan prisión en Honduras, tras registrar más de 230 quejas en el primer semestre de 2025 relacionadas con abusos contra personas privadas de libertad y sus familiares.
Las cifras oficiales revelan que al 31 de agosto de 2025 había 19,465 privados de libertad en el país: 59% condenados y 41% procesados. De ese número, 1,116 son mujeres y 18,349 son hombres, evidenciando una política criminal basada en el encarcelamiento preventivo como norma general.
La coordinadora de la Defensoría de Privados de Libertad, Guadalupe Silva, detalló que entre las principales denuncias figuran vulneraciones al derecho a la integridad personal, acceso a la justicia, a la salud y abusos de autoridad cometidos por agentes responsables de la custodia en los centros penales.
Durante 2024, el Conadeh registró 437 quejas, siendo las instituciones más señaladas los propios centros penitenciarios, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, reflejando un patrón sistemático de irregularidades en el sistema carcelario.
El ente alertó sobre el hacinamiento crítico en varias cárceles, el cual, según estándares internacionales, puede considerarse una forma de trato cruel, inhumano o degradante, vulnerando principios básicos de dignidad humana.
«Cada vulneración de derechos humanos tiene un impacto directo no solo en la persona privada de libertad, sino también en la vida de sus familiares», expresó Silva, señalando que las cárceles deben ser espacios para la justicia, la dignidad y la esperanza, y no lugares de olvido.
En el marco del Día Nacional de la Persona Privada de Libertad, el Conadeh llamó a las autoridades a reconocer que la privación de libertad no puede convertirse en una condena de estigma y discriminación.
El organismo subrayó que la cifra de privados de libertad refleja cómo la excepcionalidad de la prisión preventiva ha sido desnaturalizada, convirtiéndose en la práctica común dentro del sistema de justicia hondureño.
