Tegucigalpa – Las comisionadas del Comité Nacional de Prevención Contra Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (Conaprev), Evelyn Escoto y Kenia Irías, desafiaron abiertamente las declaraciones del general Ramiro Muñoz sobre su desconocimiento de celdas de lujo en la cárcel de Támara, cuestionando directamente la gobernabilidad penitenciaria de la que se jacta el jefe del sistema nacional penitenciario.
Las funcionarias reconocieron la medida de clasificar a los internos según su peligrosidad y aspectos jurídicos, pero expresaron preocupación por las declaraciones de Muñoz que «los pone en riesgo tanto al comité como a los colaboradores», demandando «un diálogo abierto y respetuoso donde se pueda tener una agenda de trabajo y que no solo seamos espectadores de lo que se informa en el momento».
La comisionada Evelyn Melissa Escoto increpó directamente al general Muñoz por su supuesta ignorancia sobre la existencia de las «suites VIP» en la penitenciaría de Támara, cuestionando cómo es posible que el máximo responsable del sistema penitenciario desconociera estas irregularidades que comprometen los principios básicos de igualdad en el tratamiento de los privados de libertad.
«Que lo diga hasta ahorita que están trasladando a las personas que dentro de estos módulos había cuartos de lujo y ellos no lo sabían antes, mejor preguntémonos a él –Ramiro Muñoz– qué fue lo que pasó, por qué no hicieron la verdadera inspectoría en estos espacios para evitar que ciertos privados de libertad tuvieran estas condiciones de privilegio», reprochó la defensora, poniendo en entredicho la efectividad de los mecanismos de supervisión institucional.
En cuanto a los funcionarios de Conaprev, Escoto afirmó categóricamente que nunca observaron cuartos de lujo durante sus inspecciones penitenciarias, aunque reconoció que las declaraciones de quien rectora el sistema penitenciario del país no dejan de provocar suspicacias sobre la verdadera situación del control institucional.
Las comisionadas señalaron que estas irregularidades evidencian que «se ha inobservado el tratamiento progresivo individualizado de los internos y además procurar la finalidad de la pena que es la rehabilitación, la reinserción y reeducación», principios fundamentales que deben regir cualquier sistema penitenciario que aspire a cumplir con estándares internacionales de derechos humanos.
Conaprev manifestó su preocupación específica por el desarraigo familiar de los internos, aspecto que según las comisionadas no se toma en cuenta adecuadamente en los traslados masivos que han caracterizado la gestión de Muñoz.
Esta observación apunta a una dimensión más amplia del problema penitenciario, donde las medidas de seguridad y control pueden entrar en tensión con los derechos fundamentales de los privados de libertad y sus familias, requiriendo un equilibrio cuidadoso que preserve tanto la seguridad institucional como los principios humanitarios que deben regir el tratamiento penitenciario.
El enfrentamiento entre Conaprev y la dirección del sistema penitenciario evidencia las tensiones institucionales que surgen cuando organismos de supervisión y control ejercen sus funciones de manera independiente, cuestionando versiones oficiales que podrían ocultar deficiencias estructurales en el manejo de las prisiones hondureñas.
La demanda de las comisionadas por un diálogo respetuoso y una agenda de trabajo conjunta sugiere la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades penitenciarias y los organismos de supervisión, mientras el país enfrenta el desafío de modernizar un sistema carcelario que ha mostrado graves deficiencias en transparencia, control y respeto a los derechos humanos fundamentales de la población privada de libertad.
