Tegucigalpa, Honduras. – La justicia hondureña declaró culpables a 11 exmiembros de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), acusados de participar en una operación irregular que terminó en abusos, tortura, robo y privación ilegal de libertad contra dos ciudadanos de origen filipino.
El fallo fue emitido por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, confirmó el portavoz del Poder Judicial, Josué Salinas.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2023 en Villanueva, Cortés, cuando los exagentes habrían irrumpido en una vivienda sin contar con una orden judicial.
Durante esa intervención, las víctimas fueron privadas ilegalmente de su libertad, sometidas a actos de tortura y despojadas de bienes. Además, según la acusación fiscal, también se les habrían implantado pruebas de forma ilícita.
El Poder Judicial informó que el tribunal determinó la responsabilidad penal de los imputados por los delitos de allanamiento de domicilio, robo con violencia e intimidación agravada, privación ilegal de la libertad, tratos crueles, inhumanos y degradantes, falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública y falso testimonio, todos en concurso real de delitos.
La decisión judicial representa un nuevo golpe para la imagen de la desaparecida Dipampco, una unidad policial que recientemente fue cerrada de forma definitiva tras graves señalamientos por negligencia, encubrimiento, malas prácticas procedimentales y ejecución de operativos irregulares.
Tras el fallo condenatorio, el tribunal programó la audiencia de individualización de la pena para el próximo 22 de junio, a partir de la 1:30 de la tarde, fecha en la que se definirá la sanción que enfrentará cada uno de los exagentes.
El caso adquiere relevancia en medio del proceso de reestructuración de las fuerzas de seguridad del Estado, luego de que la Secretaría de Seguridad confirmara el cierre definitivo de la Dipampco y el traslado de sus funciones hacia nuevas estructuras policiales.
