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Condenan a pandilleros por custodiar túnel de armas y drogas

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Tegucigalpa – En un significativo golpe contra el crimen organizado en San Pedro Sula, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) ha obtenido múltiples sentencias condenatorias contra varios individuos implicados en delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de armas.

Estas acciones judiciales se enmarcan dentro de una operación policial que culminó con el descubrimiento de un túnel usado para almacenar armas y drogas, y que servía de refugio para miembros de la pandilla 18.

Jeison Emilio Osorto Cruz y Efraín Santiago Corea García fueron declarados culpables de extorsión y porte ilegal de arma de fuego. La sentencia final para Corea García está pendiente de individualización en audiencia programada para el 24 de octubre, donde se definirá la pena exacta.

Por otro lado, Walter Jesús Aguilar Molina y Junior Joel Vásquez Escobar enfrentaron condenas severas por múltiples delitos, acumulando cada uno 20 años de reclusión, tras ser capturados en el operativo que descubrió el túnel en la colonia Ebenezer, barrio Chamelecón.

Mario Hernández recibió una sentencia de casi cinco años por tráfico ilícito de drogas en un procedimiento abreviado, mientras que en otro caso, Kevin Alexander Martínez también enfrenta acusaciones de extorsión con su juicio programado para abril de 2025.

Además, Grosby Alexi Osorio Martínez ha sido solicitado para recibir una pena total de 18 años por varios cargos, incluyendo tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de armas.

En una serie de requerimientos fiscales, Lester Javier Hernández Bardales, William Antonio Cerrato Montes, y Scarlet Julieth Funez Mejía están bajo investigación por extorsión, mientras que Eusebio Hernández Ramírez y Samuel de la O Quintero enfrentan cargos de tráfico agravado de drogas y munición.

José Wilfredo Cabrera Rodríguez y Oscar Nohel Aragón Pérez están siendo procesados por lavado de activos y tráfico de drogas.

Estas acciones reflejan el compromiso continuo de las autoridades hondureñas para desmantelar las redes de crimen organizado y reforzar la seguridad en regiones críticas como San Pedro Sula.

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