Joshua Schulte. Foto CNN
Un jurado popular declaró este miércoles culpable a Joshua Schulte, un ingeniero y exempleado de la CIA que diseñaba software malicioso para acceder a computadoras de supuestos terroristas y llevó a cabo la mayor filtración de documentación clasificada de la historia de la agencia al portal Wikileaks.
El ingeniero de software, de 33 años, fue hallado culpable de compilar de forma ilegal información de defensa nacional y de transmitir ilegalmente esa información, entre otros cargos.
Todavía no se conoce la sentencia que se le aplicará por estos cargos.
La filtración a WikiLeaks, conocida como “Vault 7” y que se difundía por entregas, comenzó el 7 de marzo de 2018 y la organización fundada por el australiano Julian Assange la consideró “la mayor filtración de datos de inteligencia de la historia”.
Una semana después de esa primera divulgación, las autoridades registraron el apartamento de Schulte en Manhattan (Nueva York, EE.UU.) bajo una orden que lo consideraba sospechoso de “distribuir información de defensa nacional”, y los agentes dijeron a la Justicia que se habían llevado esos documentos y algunos dispositivos electrónicos.
A principios de julio, Assange entregó al Tribunal Superior de Londres una solicitud para recurrir su extradición a Estados Unidos, que lo requiere para juzgarlo por delitos de espionaje.
El activista, de 51 años, continúa en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres, mientras se resuelve su apelación contra su entrega a Washington.
El pasado 17 de junio, la ministra británica del Interior, Priti Patel, firmó la orden para extraditar al periodista australiano a Estados Unidos, que lo requiere por cargos de espionaje.
Semanas antes, el 20 de abril, un juez de un tribunal británico había emitido una orden de entrega a la Justicia estadounidense para que sea considerada por el Gobierno del Reino Unido.
Estados Unidos reclama a Assange para procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal que, según su equipo legal, pueden suponer hasta 175 años de cárcel en ese país.
EFE
