Tegucigalpa – Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), confirmó este lunes que existen más funcionarios de la sociedad civil amenazados de muerte, luego de la salida del país de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.
Con total seguridad, el titular de la ASJ indicó que sí hay más funcionarios amenazados y mencionó un caso específico que ocurrió hace tres meses, en el que una valiente y capaz mujer, que ha contribuido enormemente al país, también fue objeto de persecución e intimidación.
Hernández señaló que en la actualidad se están produciendo más ataques que en el pasado y expresó su preocupación por la situación de otros líderes de la sociedad civil en el occidente y norte del país, quienes también se encuentran en riesgo debido a su labor en defensa del medio ambiente y otras actividades.
El director de la ASJ manifestó que las amenazas contra Gabriela Castellanos se intensificaron en las últimas semanas, especialmente después de la publicación del informe «Concentración de Poder», el cual señaló directamente a la familia presidencial.
Hernández hizo un llamado al Gobierno para que establezca límites y detenga los ataques. Destacó que, si bien hubo 12 años de lucha en la calle, ahora que están en el poder, tienen la gran oportunidad de revertir esta situación a través de acciones concretas en lugar de atacar.
Además, culpó a los diputados que, en lugar de cumplir con su deber, están más preocupados por mantenerse en el poder y utilizan actitudes agresivas para lograrlo.
Hasta el momento, no se ha identificado con claridad a las personas responsables de las amenazas. Sin embargo, la mayoría de los sectores coinciden en que los ataques han ocurrido semanas después de la publicación del informe «Concentración de Poder», en el que se denunció el nepotismo.
La ASJ y otros organismos de la sociedad civil continúan monitoreando la situación y exigiendo que se investiguen las amenazas y se garantice la seguridad de los funcionarios comprometidos en la lucha contra la corrupción. Es fundamental que se tomen medidas para proteger a aquellos que defienden la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
