Líder indígena denuncia confiscación ilegal de tierras para mega cárcel en Mocorón

Mirna Wood, vicepresidenta de MASTA, asegura que las Fuerzas Armadas obtuvieron títulos de propiedad del INA sobre territorios ancestrales misquitos. La diputada Erika Urtecho exige al gobierno anunciar públicamente la cancelación del controvertido proyecto tras 192 días de resistencia.

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Tegucigalpa – La líder misquita Mirna Wood denunció que las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) han confiscado ilegalmente tierras indígenas como parte del proceso para construir una mega cárcel en la comunidad misquita de Mocorón, ubicada en el departamento de Gracias a Dios.

Wood, quien funge como vicepresidenta de la organización MASTA (Mosquitia Asla Takanka), reveló que tras realizar investigaciones han confirmado la apropiación irregular de territorios ancestrales. «Hemos investigado y sí ha confiscado tierras indígenas y tienen títulos de propiedad otorgados por el Instituto Nacional Agrícola (INA), que eso es ilegal», denunció la dirigente indígena.

La acusación señala directamente al INA por haber emitido títulos de propiedad sobre territorios que legalmente pertenecen a las comunidades indígenas, una práctica que viola los derechos territoriales ancestrales reconocidos constitucionalmente.

Por su parte, la diputada Erika Urtecho se sumó a los reclamos y exigió transparencia por parte del Poder Ejecutivo respecto al futuro del controvertido proyecto. «Aunque ha habido rumores de que la cárcel en Mocorón ya no va, piden al Ejecutivo que haga pública esa determinación», manifestó la legisladora.

Urtecho enfatizó la necesidad de una comunicación oficial clara: «Que, así como hicieron pública y anunciaron la construcción de una mega cárcel, que de la misma manera anuncien públicamente que la mega cárcel en Mocorón ya no va». Esta declaración busca obtener certeza jurídica para las comunidades afectadas.

La diputada explicó que una declaración oficial proporcionaría «la tranquilidad y la paz de que un proyecto tan nefasto como ese ya no se estaría llevando a cabo» para el pueblo misquito.

El conflicto ha generado una prolongada resistencia por parte de las comunidades indígenas, que a la fecha acumulan 192 días de lucha activa en rechazo al proyecto carcelario. Esta resistencia ha puesto de manifiesto las tensiones entre las políticas de seguridad del gobierno y los derechos territoriales de los pueblos originarios.

El caso de Mocorón se ha convertido en un símbolo de la lucha indígena por la defensa de sus territorios ancestrales frente a proyectos gubernamentales que consideran una amenaza a su identidad cultural y supervivencia como pueblo.

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