Tegucigalpa – Congresistas de Estados Unidos han vuelto a insistir en la protección de las inversiones de empresarios de su país en Honduras, así como aquellas relacionadas con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta-DR).
En una carta dirigida al Secretario de Estado, Antony Blinken, y a la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, los congresistas republicanos solicitan mantener y reforzar las protecciones a los inversionistas en los acuerdos comerciales.
En la misiva, los funcionarios estadounidenses destacan que la protección de los inversionistas en los tratados comerciales es fundamental para promover la inversión extranjera directa de Estados Unidos en todo el mundo. Consideran que estas protecciones reflejan los valores y prioridades del país al garantizar que cualquier violación del Estado de derecho tenga consecuencias graves.
Advierten sobre la preocupante situación en Honduras, donde el gobierno de Castro ha tomado medidas amenazantes que podrían llevar a la expropiación de recursos de los inversionistas estadounidenses en Próspera, una zona de desarrollo económico.
Además, señalan que el gobierno de Castro derogó el marco que estableció las Zonas Económicas Especiales (Zede), lo cual representa una clara violación del CAFTA-DR. Las Zede son fundamentales para catalizar el desarrollo económico y atraer inversionistas nacionales y extranjeros que contribuyen con capital, experiencia y oportunidades de empleo.
Los congresistas de Estados Unidos hacen hincapié en que el país tiene acuerdos internacionales de inversión con más de 60 naciones, lo que afecta a cientos de miles de millones de dólares en inversiones. Por lo tanto, subrayan que no se puede permitir que el gobierno de Castro expropie a los inversionistas estadounidenses sin una compensación adecuada.
Esta carta muestra la preocupación de los congresistas estadounidenses por la seguridad y protección de las inversiones de sus ciudadanos en Honduras y resalta la importancia de mantener el Estado de derecho y cumplir con los acuerdos comerciales internacionales para fomentar un ambiente propicio para la inversión y el desarrollo económico.
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