Tegucigalpa – Las congresistas María Elvira Salazar, republicana por Florida, y Verónica Escobar, demócrata por Texas, presentaron este martes en la Cámara de Representantes un ambicioso proyecto de ley denominado «Dignidad» que busca proporcionar un estatus legal temporal a ciertos migrantes indocumentados que han establecido sus vidas en territorio estadounidense.
La «Ley Dignidad de 2025» está diseñada para beneficiar a inmigrantes que han vivido en Estados Unidos desde antes de 2021 y que no poseen antecedentes penales, permitiéndoles solicitar un estatus legal temporal de hasta siete años que incluiría permisos de trabajo. Esta iniciativa bipartidista representa un esfuerzo conjunto para abordar la situación migratoria desde una perspectiva que combina el reforzamiento de la seguridad fronteriza con la creación de vías legales para la regularización.
El proyecto busca simultáneamente reforzar la seguridad fronteriza, fortalecer la aplicación de las leyes migratorias existentes y abrir una vía hacia la residencia legal para inmigrantes que han demostrado arraigo en la sociedad estadounidense. Esta aproximación integral refleja la complejidad del debate migratorio y la necesidad de soluciones que atiendan múltiples aspectos del fenómeno.
La normativa beneficiaría específicamente a personas que tienen entre cinco y más años de haber llegado a Estados Unidos, así como a beneficiarios de los programas DACA y DREAMERS, que han enfrentado incertidumbre sobre su estatus migratorio durante años. Significativamente, los hondureños bajo el programa de Estatus de Protección Temporal también podrían acogerse a esta ley, proporcionando una vía de regularización más estable.
La Ley Dignidad establece que las personas que actualmente no están bajo ningún tipo de programa migratorio o que no están en ningún proceso legal, es decir, aquellos que permanecen «en la sombra», podrían acogerse al beneficio. Esta disposición busca alcanzar a la población migrante más vulnerable que ha evitado interactuar con las autoridades por temor a la deportación.
Bajo este proyecto, los solicitantes tendrían que cumplir con requisitos financieros significativos, incluyendo el pago de una indemnización al gobierno federal que se estima en siete mil dólares, equivalente a mil dólares por cada año del estatus temporal. Además, deberían presentarse periódicamente a citas programadas con el Departamento de Seguridad Nacional para mantener su estatus.
Es importante destacar que el estatus legal otorgado por esta ley no permitiría a los beneficiarios recibir prestaciones federales ni les proporcionaría un camino directo hacia la ciudadanía estadounidense. Esta limitación refleja un compromiso político que busca equilibrar la regularización con restricciones que podrían hacer el proyecto más aceptable para sectores conservadores.
El proyecto incluye específicamente a trabajadores que laboran en sectores esenciales como los campos de cultivo y proveedores de servicios de alimentos, reconociendo la contribución económica fundamental que estos trabajadores han hecho a la economía estadounidense, especialmente durante la pandemia cuando fueron considerados trabajadores esenciales.
«Merecen dignidad no amnistía… esto es un camino a la legalización. Estoy segura que los republicanos y que la ley que yo acabo de presentar va a ser firmada por el presidente», manifestó la congresista Salazar durante la presentación del proyecto, expresando optimismo sobre las posibilidades de aprobación en el actual clima político.
Por su parte, la congresista Escobar enfatizó la importancia de trabajar juntos en temas migratorios, afirmando que percibe un ambiente político favorable para aprobar esta iniciativa. La colaboración bipartidista que representa este proyecto es particularmente significativa en un tema que tradicionalmente ha dividido profundamente al Congreso estadounidense.
La presentación de este proyecto ocurre en un contexto político donde la administración Trump ha anunciado políticas migratorias más restrictivas, lo que podría complicar las perspectivas de aprobación. Sin embargo, las promotoras del proyecto expresan confianza en que el enfoque equilibrado de la propuesta, que combina regularización con medidas de seguridad, podría generar apoyo suficiente.
Para la comunidad hondureña en Estados Unidos, este proyecto representaría una oportunidad significativa de regularización, especialmente para aquellos que han establecido raíces profundas en el país pero que han vivido en la incertidumbre legal. La inclusión específica de beneficiarios del TPS hondureño reconoce las circunstancias especiales que han enfrentado estos migrantes debido a las crisis que han afectado a Honduras.
La «Ley Dignidad de 2025» ahora debe pasar por el proceso legislativo en la Cámara de Representantes, donde enfrentará el escrutinio de comités especializados antes de llegar a una votación en el pleno. Su destino final dependerá de la capacidad de sus promotoras para construir coaliciones suficientes que trasciendan las líneas partidistas tradicionales en el debate migratorio estadounidense.
