Tegucigalpa, Honduras.— El Congreso Nacional anunció este jueves que se dispone a derogar el fondo social departamental, un mecanismo de asignación de recursos que ha operado durante más de 40 años y que ha sido objeto de cuestionamientos por su manejo discrecional.
El diputado presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, explicó que ya existe una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional —presentada desde el martes— que incluye la eliminación total de este fondo. En su lugar, se implementará un nuevo esquema de ayudas sociales con criterios de control y rendición de cuentas.
Según detalló el parlamentario, bajo el nuevo mecanismo los diputados fungirán únicamente como gestores de las ayudas, sin manejar directamente recursos económicos. Las asistencias serán canalizadas como subsidios o apoyos sociales dirigidos a personas, patronatos, juntas de agua, iglesias y ciudadanos que soliciten apoyo para temas de salud o necesidades comunitarias.
«El diputado no va a tocar dinero. Las ayudas llegarán directamente a quienes las solicitan», aseguró Zambrano, al describir un modelo que busca separar la gestión política de la ejecución financiera.
El titular del Legislativo indicó que todo legislador que gestione recursos estará obligado a rendir cuentas claras y liquidar los fondos asignados, como parte de un nuevo esquema que busca garantizar transparencia en el uso de recursos públicos.
Zambrano sostuvo que este cambio responde a la necesidad de ordenar y transparentar el manejo de subvenciones, eliminando la discrecionalidad con la que se han administrado estos fondos en el pasado. Un enfoque que, según afirmó, permitirá reducir espacios para prácticas opacas y fortalecer la confianza ciudadana en la institución.
Finalmente, el presidente del Congreso confirmó que se aprobará una resolución de junta directiva para formalizar este nuevo mecanismo, el cual permitirá que las ayudas sociales lleguen de forma directa y efectiva a las comunidades, bajo criterios de control y rendición de cuentas.
La propuesta será discutida en el pleno del Congreso, donde se espera contar con el respaldo de las bancadas para su aprobación. De ser adoptada, la reforma entraría en vigencia en el próximo período legislativo, marcando un cambio estructural en la forma en que el Poder Legislativo gestiona las ayudas sociales.
Para los observadores, la eliminación del fondo social departamental representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad del Congreso; para la ciudadanía, la expectativa es que cada recurso asignado tenga un destino claro, un responsable identificado y un impacto medible en las comunidades que más lo necesitan.
