Tegucigalpa, Honduras. — En un paso decisivo hacia la modernización de las finanzas públicas, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad una serie de reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto. El objetivo es claro: consolidar la Cuenta Única del Tesoro (CUT), centralizando todos los ingresos y egresos del Estado bajo la administración directa de la Secretaría de Finanzas (Sefin). Esta medida busca eliminar la histórica dispersión de recursos en múltiples cuentas, una práctica que a menudo facilitaba la opacidad y dificultaba el control del gasto.
El diputado nacionalista y exministro de Finanzas, Marco Midence, destacó que esta reforma permitirá al Estado conocer sus flujos de dinero en tiempo real. Al concentrar los ingresos provenientes de Aduanas y el Servicio de Administración de Rentas (SAR) en una sola vía, la Tesorería General de la República (TGR) podrá gestionar los pagos de manera ordenada y conforme a la disponibilidad real. «Esto facilita una mejor administración y reduce drásticamente los riesgos de corrupción al mejorar la trazabilidad de cada lempira», apuntó el congresista.
Los beneficios de esta centralización van más allá del simple orden administrativo. La reforma fortalece la disciplina fiscal, limitando las erogaciones a lo estrictamente presupuestado y evitando déficits desordenados que comprometan la estabilidad del país. Además, otorga mayores facultades a la TGR para supervisar cuentas públicas e incluso requerir información financiera a nivel internacional, alineando a Honduras con las mejores prácticas recomendadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con esta nueva estructura, el Gobierno apuesta por una planificación financiera más robusta, permitiendo una programación de pagos y un manejo de la deuda mucho más eficiente. Al cerrar las puertas a la discrecionalidad en el manejo de fondos institucionales, el Congreso envía un mensaje de compromiso con la transparencia y la eficiencia, asegurando que los recursos del pueblo hondureño sean administrados bajo una vigilancia estricta y centralizada que garantice su uso correcto en beneficio de la nación.
