Tegucigalpa, Honduras — El Congreso Nacional aprobó este martes un decreto que despoja de facultades administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, en materia de nombramientos, traslados y cancelaciones dentro del Poder Judicial.
La iniciativa fue modificada durante su discusión y establece que, mientras se elijan los miembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, será el pleno de magistrados de la CSJ, actuando de manera colegiada, el encargado de seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y permutar jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y personal administrativo.
En cuanto a las facultades disciplinarias y despidos, el decreto señala que el pleno deberá aprobar un mecanismo mediante el cual al menos tres magistrados propietarios conozcan y resuelvan dichos procedimientos.
El texto aprobado también dispone que las facultades administrativas continuarán siendo ejercidas por la presidencia de la CSJ, pero previa aprobación del Plan Operativo Anual por parte del pleno, además de la rendición de informes trimestrales.
Las decisiones del pleno serán válidas cuando se alcance el voto favorable de la mitad más uno de los magistrados.
Durante la sesión, el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, presentó una moción para dispensar el segundo debate y proceder directamente al tercero. Argumentó que en el Poder Judicial se están realizando nombramientos ordinarios de jueces al margen de la ley, de forma discrecional y sin concurso.
Cálix sostuvo que la reforma a los decretos 282-2010 y 05-2011 se realiza de manera ordinaria porque, a su criterio, estos otorgaban poderes extraordinarios a una sola persona.
Por su parte, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, presentó una moción de orden para detener la discusión del decreto, la cual no fue considerada por el hemiciclo. El legislador calificó la medida como un “golpe de Estado” a la CSJ y aseguró que se requería una reforma constitucional para su aprobación.
Sandoval denunció que la norma responde a intereses partidarios y políticos, y exigió la conformación de una comisión del Congreso para dialogar con el pleno de magistrados y trabajar en la creación del Consejo de la Judicatura.
En respuesta, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recordó que el decreto 05-2011 ya contemplaba la creación del Consejo de la Judicatura, encargado del personal y los recursos administrativos y económicos del Poder Judicial.
Explicó que, tras declararse inconstitucional dicho consejo por razones políticas, se reactivó una norma transitoria que otorgaba temporalmente las facultades administrativas a la presidencia de la CSJ. Aclaró que la reforma aprobada no tiene carácter constitucional, sino ordinario.
Posteriormente, el Congreso nombró una comisión especial para reunirse con el pleno de magistrados de la CSJ y socializar y elaborar la Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial.
La comisión quedó integrada por los diputados Mario Pérez (presidente), Francis Cabrera (subpresidente), Sara Zavala (secretaria), Alex Zorto, David Manaiza, Godofredo Fajardo, Remberto Zavala, Cárlenton Dávila, Mario Portillo, Luz Ernestina Mejía y Lenin Valeriano.
