Tegucigalpa, Honduras. – El Congreso Nacional aprobó la noche de este lunes la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud que declara Estado de Emergencia en el sector sanitario por un año prorrogable solo por el Legislativo, en medio de tensiones multipartidarias donde nacionalistas niegan privatización, Libre cuestiona que exista emergencia afirmando que Castro dejó el sistema «en buenas condiciones», y liberales advierten que «no es cheque en blanco» exigiendo vigilancia estricta.
La iniciativa compuesta por 11 artículos fue presentada por Kilvett Bertrand el pasado 25 de enero orientada a finalizar la mora quirúrgica en el sistema de salud pública, garantizar abastecimiento de medicamentos y que cada hondureño reciba un trato digno y justo, aunque el debate evidenció profundas divergencias entre bancadas sobre la real magnitud de la crisis heredada y los riesgos de la normativa.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, presentó la dispensa de debates que se aprobó en el hemiciclo para ser discutida en uno solo, acelerando el proceso legislativo aunque la diputada Luz Angélica Smith de Libre criticó posteriormente que la dispensa «no contó con los votos requeridos» y que a estas alturas del nuevo pleno no se haya instalado el sistema de votación electrónica para evitar estas situaciones anómalas.
El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, y la representante del Partido Libre, Luz Angélica Smith, solicitaron un espacio de 30 minutos para analizar los cambios de la ley porque las modificaciones les fueron informadas en los últimos minutos, evidenciando que el proceso careció de socialización adecuada que sectores como el Colegio Médico y ASJ habían demandado.
Zambrano otorgó el espacio de media hora para que las bancadas analizaran los cambios luego de la reunión de la comisión de dictamen con los actores sanitarios la mañana de este lunes, generando un receso que permitió a liberales y Libre revisar modificaciones incorporadas tras las audiencias con Colegio Médico y Colegio de Químicos Farmacéuticos.
Al volver del receso, el diputado Cálix apuntó que apoyan la ley, pero que la misma «no es un cheque en blanco». «Pedimos que hagan las cosas bien, que utilicen los fondos de manera adecuada«, expresó el jefe liberal advirtiendo de consecuencias para la clase política si con el decreto no se cumplen los problemas que se buscan atacar.
«El Partido Liberal no se entromete en la solución que ha planteado el gobierno para la solución en salud, tienen un año para atacar la mora quirúrgica, mejorar la distribución de medicamentos, para la contratación de especialistas sanitarios, y mejorar el equipamiento de los hospitales», describió Cálix estableciendo metas medibles que permitirán evaluar efectividad de la emergencia sanitaria.
La diputada Clara López de Libre cuestionó el fideicomiso que utilizó el gobierno antecesor de Xiomara Castro —aparente confusión considerando que fue Castro quien derogó el fideicomiso según Mejía— y ponderó algunas ejecutorias tomadas por la gestión de Libre en el campo sanitario, pidiendo un debate más amplio del decreto de emergencia.
López refirió que hay servicios que no se pueden subrogar y que se corre el peligro que se usen quirófanos «hasta en estacionamientos», advirtiendo sobre riesgos de la subrogación al sector privado que podría derivar en improvisaciones que comprometan calidad de atención médica.
El legislador Carlentón Dávila pidió que el decreto no se utilice para que «algunos» se dediquen a hacer negocios personales, pero dijo que lo respaldaban y que estarían vigilantes que no sea malutilizado, reconociendo implícitamente que existe riesgo de corrupción en el manejo de recursos de emergencia sanitaria.
El diputado Godofredo Fajardo señaló que una cosa es el discurso político y otra la realidad que viven los pacientes en el sistema público. Con las frases «dato mata relato» y «a grandes males, grandes remedios» el legislador pidió no dar tantos brincos y apoyar el decreto de emergencia dirigido a atacar las multicrisis en la red sanitaria pública.
La diputada Fabricio Sandoval de Libre aseveró que detrás del decreto está la «clara intención» de privatizar la salud y negó que en estos momentos exista una emergencia en salud porque el gobierno de Xiomara Castro lo dejó «en buenas condiciones», contradiciendo frontalmente el diagnóstico de la designada presidencial Mejía sobre 41 quirófanos inoperantes y Caja Única vacía.
La legisladora Sara Zavala reflexionó que los que hoy hablan de privatización lo hacen porque buscan «meterle miedo» a la ciudadanía. «Hoy no hay cheques en blanco ni discrecionalidad sin control», afirmó la diputada nacionalista defendiendo que la ley incluye mecanismos de supervisión que impedirían abusos denunciados por la oposición.
El congresista Hugo Noé Pino mencionó que con la aprobación de la ley se quiere materializar un «acto de fe» y reprochó que los fideicomisos para la compra de medicamentos fueron manejados de forma opaca, cuestionando el modelo que la administración Castro utilizó antes de derogar el mecanismo que según Mejía permitía adquirir medicamentos con resultados positivos.
El Artículo 1 de la ley declara Estado de Emergencia en el sector Salud a nivel nacional por un período de un año, con posibilidad de prórroga que sólo puede ser extendida por el Legislativo, evitando que el Ejecutivo prorrogue indefinidamente mediante decreto según demandaron diputados liberales como Marco Tulio Rodríguez.
La aprobación de la ley permite al gobierno de Asfura implementar alianzas con hospitales privados para reducir mora quirúrgica, restablecer el fideicomiso de medicamentos que Castro derogó, y ejecutar compras ágiles evitando retrasos por falta de pago a proveedores según defendió el diputado médico Roberto Cosenza.
La tensión entre bancadas evidenció que mientras nacionalistas y liberales reconocen la crisis heredada justificando medidas excepcionales, Libre niega la emergencia afirmando que Castro dejó el sistema «en buenas condiciones», contradicción que refleja la polarización política sobre el legado sanitario del cuatrienio saliente.
Los parlamentarios tuvieron cuatro minutos para exponer sus ideas y a más de alguno se le cortó su participación por exceder el tiempo, limitando el debate sobre una ley que afectará el sistema de salud durante al menos un año y potencialmente más si el Congreso aprueba prórrogas solicitadas por el Ejecutivo.
La aprobación se produce después que la ASJ advirtió que Honduras terminó 2025 con pérdidas de días de clase, falta de docentes y exclusión de más de un millón de menores del sistema educativo, evidenciando que la crisis estructural trasciende salud afectando también educación que requiere atención urgente del nuevo gobierno.
