Tegucigalpa, Honduras. – El Congreso Nacional aprobó en primer debate el decreto orientado a reformar el artículo 3 del Decreto Legislativo 282-2010 con el propósito de restituir provisionalmente al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia las facultades administrativas del Poder Judicial actualmente concentradas en la Presidencia del máximo tribunal que ejerce Rebeca Obando.
El dictamen firmado por mayoría de los miembros de la comisión designada por el presidente del Congreso Tomás Zambrano concluye que la reforma no implica cambios constitucionales ni altera la estructura esencial del Poder Judicial, sino que corrige según el documento una «disfunción normativa» derivada de la aplicación indefinida de una disposición transitoria.
La comisión sostiene que el artículo 3 del Decreto 282-2010, concebido originalmente como medida provisional mientras se integraba el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, terminó convirtiéndose en un régimen permanente de facto tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura por parte de la Sala de lo Constitucional.
Según el análisis legislativo, la concentración exclusiva de las facultades administrativas en la Presidencia de la CSJ vulnera el principio de colegialidad, debilita los controles internos y puede afectar la independencia judicial, argumentando que la reforma cumple criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad al limitarse estrictamente al ámbito administrativo.
«El proyecto no crea un nuevo órgano ni sustituye al Consejo de la Judicatura; simplemente reasigna de manera provisional funciones administrativas a un órgano constitucionalmente existente como es el Pleno de Magistrados«, señala el dictamen estableciendo que la medida es temporal hasta definir modelo definitivo.
El Congreso reconoce que se han evidenciado algunos excesos de la presidenta del Poder Judicial en torno a nombramiento de jueces y dilatación para las audiencias a aspirantes a notariado entre otras denuncias, contexto que motivó al diputado Francis Cabrera proponer eliminar discrecionalidad en nombramientos judiciales.
De aprobarse el decreto, el Pleno de los quince magistrados propietarios de la CSJ ejercerá de forma colegiada y hasta que el Congreso elija a los miembros del Consejo de la Judicatura las facultades administrativas incluyendo seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y permutar jueces, magistrados, defensores públicos y personal administrativo.
El proyecto establece que las decisiones se tomarán con el voto favorable de al menos la mitad más uno de los quince magistrados, es decir ocho votos, garantizando que ninguna decisión administrativa importante pueda tomarse sin respaldo de mayoría significativa del cuerpo colegiado versus discrecionalidad individual actual.
La reforma también establece que en ausencia temporal de la Presidencia del Poder Judicial se respetará el orden de precedencia fijado en el decreto de elección emitido por el Congreso Nacional, estableciendo mecanismo de sucesión ordenado para ejercicio de funciones administrativas durante períodos de ausencia.
El Congreso argumenta que la reforma es una medida «urgente y necesaria» para restablecer la colegialidad en la dirección administrativa del Poder Judicial mientras se define el modelo definitivo mediante ley especial o eventual reforma constitucional, reconociendo que la Ley del Consejo de la Judicatura declarada inconstitucional dejó vacío jurídico.
El decreto entraría en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta en caso de ser aprobado por el pleno del Congreso Nacional, instancia en la que se prevé se concluirán los dos debates pendientes la semana próxima materializando reforma que limitaría poder de Obando.
