Tegucigalpa, Honduras. – El Congreso Nacional aprobó por unanimidad la noche de este martes la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, una normativa orientada a eliminar el anonimato de socios y fortalecer los controles contra delitos financieros en Honduras.
La nueva legislación crea el Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), mediante el cual se podrá identificar a las personas naturales que realmente poseen, controlan o se benefician de empresas y otras estructuras jurídicas que operan en el país.
El objetivo central de la ley es reforzar la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y la delincuencia organizada.
Además, busca fortalecer la confianza en el sistema financiero hondureño y alinear al país con estándares internacionales de transparencia.
La comisionada de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Julieta Suazo, calificó la aprobación como un paso trascendental para Honduras, al destacar que permitirá conocer quién está realmente detrás de una empresa.
“Es muy importante para garantizar la integridad del sistema financiero y evitar que nuestra economía sea utilizada para actividades ilícitas. Esta ley permitirá conocer quién es el verdadero dueño de una empresa y establecer controles adecuados mediante registros administrados por la CNBS”, expresó.
Suazo explicó que la normativa permitirá identificar a la “persona de carne y hueso” que posee o controla una sociedad, cerrando espacios que históricamente podían ser utilizados para ocultar capitales, estructuras de poder económico o actividades ilícitas.
La funcionaria también señaló que la aprobación de esta ley era uno de los principales requisitos señalados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en los procesos de evaluación internacional.
Asimismo, indicó que la medida responde a recomendaciones respaldadas por organismos financieros internacionales.
No obstante, Suazo enfatizó que la ley no debe interpretarse únicamente como una exigencia externa, sino como una herramienta para fortalecer la transparencia, la credibilidad y la conexión del sistema financiero hondureño con los mercados internacionales.
Con la entrada en vigor de la normativa, Honduras busca consolidar mecanismos de control más efectivos y generar mayor confianza entre inversionistas, entidades financieras y socios comerciales.
La aprobación unánime en el Congreso Nacional marca un avance institucional en la lucha contra estructuras opacas y operaciones financieras irregulares, al obligar a transparentar la identidad de quienes controlan realmente las empresas en el país.
Según la CNBS, este registro permitirá mejorar la supervisión, prevenir el uso indebido de sociedades mercantiles y fortalecer la capacidad del Estado para detectar riesgos vinculados a delitos económicos y financieros.
