Tegucigalpa, Honduras. – El Congreso Nacional aprobó este martes con votación de los cinco partidos políticos un paquete de ocho amnistías fiscales y de servicios por período de tres meses, destacando la vehicular que autoriza por dos años la importación y nacionalización de vehículos sin importar origen o año de fabricación mediante pago único de 10 mil lempiras para modelos 2010 hacia atrás, mientras la migratoria tendrá vigencia excepcional hasta diciembre 2026 exonerando multas administrativas a personas en tránsito por Honduras en condición irregular.
El diputado nacionalista Milton Puerto Oseguera pidió que la discusión de este proyecto se dispense de los primeros dos debates, consiguiendo la mayoría absoluta que permitió aprobar aceleradamente el paquete legislativo que incluye amnistías municipal, energética, vehicular, de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), agua potable y saneamiento, tributaria y migratoria.
La amnistía municipal exonera cargos de mora en las 298 alcaldías en el pago de multas, recargos, intereses sobre deudas, sobretasas y cualquier otro tipo ocasionados por mora vía administrativa o judicial acumulada hasta el 31 de diciembre de 2025, cubriendo todos los tributos, tasas y contribuciones municipales que personas naturales o jurídicas puedan enterar libres de cargos por mora durante el período de vigencia.
La amnistía energética exonera por dos meses de multas, recargos e intereses como obligaciones accesorias pendientes de pago con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) adeudadas hasta el 31 de diciembre de 2025, requiriendo que personas interesadas paguen los valores correspondientes de energía eléctrica sin aplicación de recargos y se suscriban en convenio de pagos para acceder a beneficios.
La amnistía vehicular resulta la más impactante permitiendo a obligados tributarios en mora o que no hayan cumplido con responsabilidades en el período fiscal 2025 o años anteriores del Instituto de la Propiedad (IP) respecto a vehículos, motocicletas o similares, pagar la Tasa Única Anual por matrícula, tasas registrales vehiculares, incluyendo tasas viales municipales y contribuciones libre de multas y sanciones.
La norma autoriza por período de dos años la importación, nacionalización y registro de vehículos con o sin placas de otros países sin importar el origen o año de fabricación, medida extraordinaria que permitirá legalizar miles de vehículos ingresados irregularmente o que permanecían sin registro por costos prohibitivos del proceso tradicional.
Los vehículos del 2010 hacia atrás deben realizar pago de 10 mil lempiras que se incluye en la matrícula vehicular 2026, monto significativamente inferior a los costos tradicionales de nacionalización que pueden alcanzar decenas de miles de lempiras dependiendo del modelo, año y cilindrada del vehículo, generando oportunidad masiva de regularización.
La amnistía de Hondutel es aplicable a personas naturales, jurídicas y todas las instituciones de administraciones públicas que mantienen pagos pendientes con la empresa estatal, requiriendo que usuarios paguen montos adeudados por servicios sin multas o sanciones y suscriban convenios de pago, mientras instituciones públicas autorizan procesos de compensación.
La amnistía de agua potable y saneamiento exonera multas, recargos e intereses moratorios por reconexión que presenten saldos pendientes con proveedor estatal, municipal, comunitario, patronatos o servicios concesionados, permitiendo a miles de usuarios regularizar situación sin pagar accesorios acumulados durante períodos de mora.
La amnistía tributaria evita multas, recargos e intereses relacionados con declaraciones extemporáneas en los años fiscales 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, beneficiando contribuyentes que incumplieron obligaciones durante período que incluye pandemia y crisis económica que afectó capacidad de pago de personas y empresas.
La diputada Nazareth Velásquez Ordóñez del departamento de Choluteca presentó la iniciativa de amnistía migratoria que consiste en suspensión temporal de la multa administrativa que deben pagar migrantes en tránsito por Honduras en condición irregular, medida humanitaria que reconoce realidad migratoria centroamericana donde miles transitan rumbo a Estados Unidos.
La amnistía migratoria tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 según el artículo 1, período excepcional versus los dos o tres meses del resto de amnistías, evidenciando reconocimiento legislativo de que fenómeno migratorio requiere tratamiento de largo plazo no resoluble mediante medida temporal de meses.
Los migrantes deberán realizar el correspondiente registro biométrico y de control al ingreso al país, requisito que permite a autoridades mantener trazabilidad de flujos migratorios mientras exonera multas, equilibrando facilitación humanitaria con necesidades de seguridad y control fronterizo que Honduras mantiene como país de tránsito.
También se suspende el pago de la multa administrativa a migrantes que tengan algún saldo acumulado por este concepto, beneficiando a personas que ingresaron irregularmente en períodos anteriores y permanecen en territorio nacional con deudas administrativas que impedían regularizar situación o salir legalmente del país.
El consenso de los cinco partidos políticos —nacionalistas, liberales, Libre, Salvador y otros— en aprobar el paquete de amnistías evidencia coincidencia sobre necesidad de aliviar carga económica de ciudadanos y empresas que acumularon deudas durante crisis económica derivada de pandemia, inflación y deterioro de condiciones socioeconómicas durante últimos años.
La dispensa de debates solicitada por el diputado Puerto Oseguera permitió aprobar aceleradamente sin socialización exhaustiva con sectores afectados, estrategia legislativa que prioriza rapidez versus escrutinio detallado de implicaciones fiscales que las exoneraciones generarán en ingresos de municipalidades, ENEE, Hondutel y otras instituciones que renuncian temporalmente a cobro de multas e intereses.
La amnistía vehicular que permite importación de vehículos 2010 hacia atrás por dos años mediante pago único de 10 mil lempiras generará probablemente ingreso masivo de unidades usadas que podrían saturar parque automotor nacional, aunque legalizará miles de vehículos que circulan irregularmente representando riesgo de seguridad por ausencia de control sobre condiciones mecánicas y documentación.
El período de tres meses para la mayoría de amnistías —versus dos años para importación vehicular y hasta diciembre 2026 para migratoria— establece ventana temporal limitada que presionará a contribuyentes, usuarios y obligados tributarios a regularizar situaciones rápidamente aprovechando exoneración de multas e intereses que podrían representar ahorros significativos versus costos acumulados.
Las 298 alcaldías que renuncian temporalmente a cobro de multas e intereses municipales enfrentan dilema de sacrificar ingresos inmediatos apostando que amnistía generará recuperación de cartera morosa mediante pago de tributos principales que permanecían incobrables por montos accesorios que volvían impagables las deudas totales acumuladas.
