Tegucigalpa – En una maratónica sesión que culminó pasadas las cinco de la mañana de este miércoles, el Congreso Nacional logró aprobar el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2025, en medio de críticas por el procedimiento y la ausencia estratégica de las principales bancadas de oposición.
La votación final arrojó 58 votos a favor, 35 en contra y ninguna abstención, con cuatro legisladores que no emitieron su voto de los 97 presentes. El nuevo presupuesto representa un incremento del 5.8% respecto al año anterior, alcanzando los 430,907 millones de lempiras.
Hugo Noé Pino, responsable del proceso de socialización del presupuesto, destacó la incorporación de aproximadamente 35 modificaciones sugeridas por diversas instituciones públicas, sociedad civil y bancadas políticas. «Me siento orgulloso de haber liderado un proceso de discusión amplia», afirmó.
Sin embargo, la sesión estuvo marcada por la controversial ausencia de legisladores del Partido Liberal y Nacional, lo que fue interpretado como una estrategia para facilitar la aprobación del presupuesto oficialista. El presidente del Congreso, Luis Redondo, celebró la aprobación calificándola como un logro de «acuerdos de altura».
Puntos críticos del presupuesto aprobado incluyen:
- La permanencia sin modificaciones de la partida 449 (fondos confidenciales)
- Mantenimiento del presupuesto para la oficina de planificación estratégica
- Continuidad de fondos millonarios en el fondo secreto de la Presidencia
La oposición que sí asistió criticó el horario de la votación, argumentando que la aprobación en la madrugada buscaba evitar un análisis más detallado del documento. No obstante, su reducida presencia en la sesión contradijo la fuerza de sus reclamos.
El presidente del Congreso destacó que el nuevo presupuesto fortalecerá áreas clave como educación, salud e infraestructura, aunque críticos señalan la falta de transparencia en la distribución de recursos y el mantenimiento de partidas cuestionadas.
Esta aprobación asegura la continuidad de los programas gubernamentales de la administración Castro para 2025, aunque deja interrogantes sobre la efectividad del control parlamentario y el papel de la oposición en decisiones legislativas fundamentales.
