Tegucigalpa, Honduras. – El Congreso Nacional enfrentará este martes una de sus votaciones más sensibles: la discusión en tercer debate del paquete de reformas al sector energético, una iniciativa que pondrá a prueba la posición política, partidaria y personal de los 128 diputados frente a la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La propuesta requiere 65 votos para ser aprobada. Hasta ahora, el oficialista Partido Nacional asegura contar con sus 49 diputados, por lo que al menos 16 votos adicionales deberán provenir de otras bancadas.
Eso deja en manos de 79 parlamentarios la posibilidad de acompañar, modificar o frenar una reforma que ha encendido el debate nacional por tocar uno de los sectores más cuestionados del país.
El trasfondo de la votación es el deterioro financiero de la ENEE, cuyas pérdidas se calculan en unos 50 millones de lempiras diarios, una carga que impacta las finanzas públicas y limita la capacidad del Estado para invertir en áreas prioritarias.
El presidente Nasry Asfura, principal promotor de las reformas desde el Poder Ejecutivo, ha advertido que bajo el esquema actual “Honduras se desangra” y ha pedido respaldo a los diputados para aprobar el nuevo marco legal.
La propuesta busca fortalecer la gobernanza del sector eléctrico mediante cambios institucionales como el reforzamiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y técnico, y la modernización de la estructura organizativa de la ENEE.
El proyecto establece que el Estado mantendrá la propiedad de las empresas que surjan de la reorganización institucional y que los subsidios sociales continuarán para los sectores más vulnerables, aunque bajo mecanismos de financiamiento más transparentes.
La expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, Liliana Castillos, pidió que las reformas dejen reglas claras tanto para el Gobierno como para los inversionistas.
Castillos señaló que el sector requiere entre 6 mil y 10 mil millones de dólares en inversión, por lo que consideró indispensable establecer por escrito de dónde saldrán esos recursos y bajo qué condiciones se ejecutarán.
“Demandamos claridad que debe quedar por escrito”, expresó la economista, al advertir que la población necesita un servicio de calidad y precios competitivos.
También planteó que reducir las pérdidas de la ENEE en al menos 15 % sería un paso importante para avanzar en la recuperación de la estatal energética.
La sesión fue convocada para este martes 30 de junio a las 4:00 de la tarde y continuará el miércoles 1 de julio a las 10:00 de la mañana, según confirmó el diputado nacionalista Arnold Burgos.
El parlamentario indicó que la agenda única será el paquete de reformas energéticas, que se encuentra en segundo debate y deberá avanzar hacia su discusión final.
La vicepresidenta del Congreso Nacional, Tania Pinto, aseguró que continúan los esfuerzos para construir consensos entre las distintas bancadas.
Pinto sostuvo que “salvar la ENEE es salvar a Honduras”, al señalar que la crisis de la empresa estatal representa una presión fiscal que afecta el desarrollo del país y reduce la posibilidad de financiar salud, infraestructura y otros servicios públicos.
La diputada por Ocotepeque relató que su departamento sufre constantes apagones, con comunidades donde el servicio eléctrico llega solo algunos días a la semana.
“Ya no se aguantan los apagones”, expresó, al afirmar que el problema afecta a familias, comercios y pequeños negocios.
Pinto defendió que la crisis energética debe abordarse como un problema estructural y heredado, por lo que llamó a las bancadas del Partido Liberal, Libre y otras fuerzas políticas a sumarse a una solución sin distinción partidaria.
Desde la sociedad civil, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, expresó su respaldo a la necesidad de reformar el sector, pero advirtió que debe garantizarse que la ENEE no será privatizada.
Maldonado afirmó que todo hondureño debe pagar la energía que consume, aunque insistió en que las reformas no deben terminar beneficiando únicamente a unos pocos sectores.
También pidió que los cambios se apliquen de forma general y justa, sin repetir esquemas que históricamente han favorecido a grupos reducidos.
El debate legislativo llega así marcado por dos grandes exigencias: rescatar financieramente a la ENEE y evitar que la reforma sea interpretada como una puerta a la privatización o al control de intereses particulares sobre el sistema eléctrico.
Para el Gobierno, la iniciativa representa una oportunidad para ordenar el sector, reducir pérdidas y modernizar la operación energética del país.
Para los diputados, la votación será una definición pública sobre si respaldan un cambio estructural o si permiten que continúe un modelo señalado por pérdidas millonarias, apagones recurrentes y sospechas de corrupción.
Este martes, el Congreso deberá convertir el discurso en voto. La reforma energética medirá no solo la fuerza política del oficialismo, sino también el compromiso real de cada bancada frente a una crisis que golpea todos los días a la población hondureña.
